Ponen a temblar a Petro con la cárcel y podría venirse primera indagatoria: "Época oscura"

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Una jugada imprevista en el Congreso fracturó por completo el proceso sobre los dineros de la campaña de 2022, abriendo la puerta a un escenario judicial.

El ambiente político en Colombia estalló tras conocerse la radical división dentro de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Lo que parecía un proceso que avanzaba a paso lento por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022, se convirtió en una bomba de tiempo jurídica que tiene al mandatario contra las cuerdas y reaccionando de forma vehemente en sus canales oficiales. 

La tormenta se desató luego de que el trio de investigadores radicara dos ponencias totalmente opuestas. Aunque el representante Alirio Uribe buscaba el archivo definitivo del caso mediante una resolución inhibitoria (argumentando una “atipicidad de la conducta”), la mayoría de la subcomisión decidió irse con toda y aplicar mano dura.

Los representantes Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo se apartaron radicalmente de la tesis del archivo, salvaron su voto y radicaron una solicitud formal para avanzar hacia una investigación penal formal. La respuesta de Gustavo Petro ante la posibilidad real de terminar tras las rejas fue inmediata, dejando ver su enorme preocupación por el alcance de esta ponencia:

“Ya amenazaron encarcelarme sin cometer un solo delito. Ya sabemos que viene si no se detiene la época oscura de Colombia”.

Ya amenazaron encarcelarme sin cometer un solo delito.

Ya sabemos que viene si no se detiene la época oscura de Colombia https://t.co/4jw4uphN5q

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2026

La gravedad del asunto radica en que, por primera vez, dos investigadores del propio Congreso encuentran méritos suficientes para vincular formalmente al presidente de la República mediante la recepción de una indagatoria. El choque de trenes se centra en qué tanta responsabilidad real tiene un candidato frente a los movimientos de sus comités financieros.

Según Arizabaleta y Carrillo, el artículo 19 de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías) deja claro que el aspirante a la Casa de Nariño tiene una responsabilidad solidaria sobre el manejo de los recursos. En pocas palabras, la norma le otorga una “posición de garante” que no le permitiría a Petro escudarse en los errores de sus gerentes, obligándolo a responder penalmente por la transparencia de cada peso reportado en 2022.

Con las cartas sobre la mesa y un expediente de dos años totalmente roto, la plenaria de la comisión tendrá que votar en los próximos días cuál de los dos caminos toma, en un escenario donde la oposición y el gobierno medirán sus fuerzas al límite.