A pocos días de que los colombianos acudan a las urnas para la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lanzó una alerta roja sobre la situación de orden público en varios territorios del país. Junto a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, el aspirante oficialista denunció que grupos armados ilegales estarían presionando al electorado para incidir en los resultados, incluso bajo la premisa de favorecer su propia aspiración.
Cepeda basó su denuncia en reportes entregados por organizaciones sociales, autoridades locales y la propia Defensoría del Pueblo. El senador condenó de manera enérgica estas “recomendaciones” violentas y restricciones a la actividad proselitista en zonas críticas, asegurando que ni su campaña ni la Alianza por la Vida tolerarán que el voto ciudadano sea condicionado por el miedo.
El candidato fue enfático al enviar un mensaje directo a las estructuras criminales que operan en las regiones: cualquier posibilidad de diálogo de paz en un eventual gobierno suyo está condicionada al cese total de hostilidades. Cepeda advirtió que no habrá mesas de negociación mientras persistan los asesinatos de líderes sociales o las presiones violentas contra las instituciones y la ciudadanía.
“Cualquier eventual diálogo de paz está supeditado al principio de no agresión contra la población civil”, sentenció el candidato, buscando desmarcarse de cualquier apoyo indebido que pueda empañar su carrera hacia la Casa de Nariño.
Para dar soporte a estas denuncias, Cepeda anunció que en los próximos días hará pública una recopilación detallada de las amenazas y hostigamientos que su equipo ha rastreado en las últimas semanas. Con esto, busca que las autoridades actúen frente al constreñimiento al elector, un delito que vulnera directamente la Constitución y que hoy empaña el clima democrático en las zonas más apartadas de Colombia.