Si Cepeda continúa con espíritu de Petro, ¿podría seguir engordando sin mérito el Estado?

De llegar a la presidencia, el candidato del Pacto podría apelar también a modificar normas para bajar requisitos de cargos públicos.

Por la manera como el presidente Gustavo Petro impulsa la candidatura de Iván Cepeda, y por la forma como el aspirante del Pacto Histórico insiste en que su gobierno será la continuación del actual, se viene consolidando entre muchos ciudadanos la idea de que en una eventual administración de Cepeda también continúen prácticas que se han considerado empobrecedoras de la administración pública por desdeñar el mérito como requisito para ocupar cargos en el Estado.

Esos ciudadanos temen que se generalicen los intentos por modificar normas que flexibilicen o reduzcan los requisitos para ocupar todo tipo de cargos, desde los de dirección hasta los puramente operativos. El escenario que enriquecen ese tipo de nombramientos, pese a que el Gobierno afirme que su propósito es que haya mayor diversidad y acceso al trabajo para más colombianos, es un agrandamiento del Estado (con el consecuente impacto fiscal) y la promoción del empleo militante e ideologizado.

En este sentido, se puede recordar que el Gobierno del presidente Petro ha modificado diversas normas para flexibilizar los requisitos de experiencia y formación académica en cargos técnicos y directivos de alto nivel, lo que ha provocado críticas sobre la pérdida del mérito técnico. Se ha llegado a hablar, incluso, de que en Colombia hay una caquistocracia, es decir que el país está manejado por los peores, las personas más incompetentes, o, en palabras de sus más severos detractores, ineptas.

(Vea también: Un ministro bachiller reafirma la (¿pobre?) idea que hay en Gobierno Petro sobre el mérito)

Rabaja de requisitos para superintendentes y diplomáticos

En la más reciente de esas decisiones, en marzo pasado el Gobierno modificó el marco normativo para el nombramiento de los superintendentes Financiero, de Industria y Comercio y de Sociedades, mediante el Decreto 0226, una norma que ajusta el régimen aplicable a la designación de estos cargos directivos del Estado. El objetivo, según el texto oficial, es armonizar las reglas existentes con las facultades constitucionales del presidente para hacer estos nombramientos dentro de la administración pública.

Lo clave es que el decreto elimina los requisitos específicos que existían desde hace una década y que se habían adoptado siguiendo recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), y ahora los nombramientos se regirán por las reglas generales que aplican para los cargos directivos del Estado. Es decir que, en algunos casos, será suficiente el título profesional y 12 meses de experiencia; en otros, se exigirá maestría y hasta 84 meses de experiencia. Antes se pedía título profesional y de posgrado, además de al menos diez años de experiencia en áreas relacionadas con el cargo o en docencia.

En noviembre pasado, el Gobierno también presentó un borrador de decreto para que el acceso a los más altos cargos diplomáticos de Colombia experimentara un giro significativo, pues planteaba eliminar los requisitos académicos y de experiencia profesional para quienes aspiren a ser embajador extraordinario y plenipotenciario o cónsul general central.

Aunque la legislación vigente establece que los candidatos a estos cargos deben acreditar un título profesional en cualquier disciplina académica, un posgrado en cualquier modalidad y experiencia profesional relacionada, el borrador de esta normativa, hecho por el Departamento Administrativo de la Función Pública, proponía que para ocupar estos puestos solo se exigiera la nacionalidad colombiana por nacimiento y una edad mínima de veinticinco años.

El texto propuesto señalaba: “[…] Para el desempeño de los empleos de libre nombramiento y remoción de embajador extraordinario y plenipotenciario y de cónsul general central no serán exigibles los requisitos generales de formación académica, experiencia profesional o equivalencias establecidos en el presente decreto. En estos casos, bastará con ser nacional colombiano por nacimiento en ejercicio de su ciudadanía y tener más de veinticinco años”.

La intentona en Ecopetrol

También se recuerda que, en 2024, la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol decidió sobre una reforma estatutaria propuesta por el Gobierno Nacional, relacionada con los requisitos para ser miembro de la Junta Directiva de la petrolera. La Nación, propietaria de la mayoría de las acciones de la compañía, quiso, entre otras cosas, reducir en tres años la experiencia profesional, que ahora será de 12 años, como requisito para hacer parte de este órgano de decisión.

Esos cambios en los estatutos tuvieron como finalidad permitir el ingreso de nuevos miembros, sobre los que ya se había alertado, incluyendo a Edwin Palma, hoy ministro de Minas y Energía, que para ese entonces no cumplía con el requisito de tiempo para hacer parte de la Junta Directiva de la petrolera. La intención del presidente Petro era llevar a Palma a ser presidente de Ecopetrol, pero se estrelló con el hecho de que el nombramiento de ese alto cargo no es una prerrogativa del jefe de Estado, sino un proceso riguroso que garantiza meritocracia, transparencia y competencia técnica.

Según los Estatutos Sociales, el presidente de la compañía debe cumplir requisitos estrictos: experiencia demostrada en la gestión de empresas energéticas de clase mundial, al menos 15 años en cargos directivos de alto nivel y un historial intachable verificado mediante exhaustivos procesos de ‘due diligence’.

Además, la Política de Sucesión amplía estas exigencias, y exige un posgrado en áreas como ingeniería petrolera, geociencias, MBA o finanzas, dominio certificado de inglés y, preferiblemente, un tercer idioma como mandarín o portugués. Se pide asimismo un mínimo de cinco años en cargos directivos en empresas energéticas con operaciones internacionales, conocimiento de mercados clave como la Cuenca del Permian o los yacimientos presal de Brasil, y experiencia en la gestión de proyectos superiores a 1.000 millones de dólares, así como en transición energética.

Nombrar directamente a Edwin Palma, exviceministro de Trabajo y líder sindical, sin pasar por este proceso violaría las normas de gobierno corporativo de la compañía. Aunque Palma cuenta con experiencia en el ámbito laboral y político, no se ha hecho público un análisis de su trayectoria que demuestre el cumplimiento de los requisitos técnicos y de experiencia internacional exigidos.

Cuando el presidente Petro apenas cumplía dos años de mandato, el Departamento Administrativo de la Función Pública reportó que en ese lapso se habían creado 15.479 cargos públicos en todo el país, a través del Plan de Formalización Laboral del Empleo Público en Equidad que lidera la entidad. Que siga la política de una burocracia desbordada y la reducción de requisitos para ocupar cargos públicos es lo que temen algunos en un eventual gobierno de Iván Cepeda.