¿Influencia para elecciones? Cabecillas de parranda con Nelson Velásquez en cárcel, bajo lupa

La controversia en el centro penitenciario de Itagüí abrió un nuevo seguimiento alrededor de la realidad de las bandas criminales de cara a 2026.

A casi tres años de haberse instalado, la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá parece reventada por las gabelas que les llega y en dos semanas ajustan dos escándalos mayúsculos.

El primero fue una controvertida suspensión de órdenes de captura solicitada por el Gobierno Nacional y avalada por la Fiscalía, que cobijó inicialmente a 23 cabecillas, incluidos 16 que pagan condenas por delitos graves. En menos de una semana, luego de que el beneficio se hiciera público y se desatara un debate, la fiscal general Luz Adriana Camargo echó para atrás la suspensión y solo se la dejó vigente a siete cabecillas que no estaban tras las rejas.

Y cuando apenas estaba amainando la controversia de las órdenes de captura, se conocieron videos de una parranda vallenata celebrada al interior del penal y en la que estaban involucrados varios voceros de la Paz, al parecer celebrando la posible libertad de alias Lindolfo y el cumpleaños de otro cabecilla del noroccidente de Medellín.

En medio de ambos escándalos, un insistente interrogante ha quedado sobre la mesa: ¿por qué el gobierno estaría abogando por beneficios para los cabecillas y permitiendo presuntamente que permanezcan a sus anchas en plena campaña?

Curiosamente, uno de los señalamientos más directos vino de las entrañas del petrismo, por parte del exembajador y hoy candidato presidencial Roy Barreras, quien en una entrevista con el portal ‘Los Danieles’ aseveró que las gabelas a los cabecillas de la Paz Total, no solo en Medellín, tendrían presuntamente más cálculo electoral que otra cosa.

“Yo creo que va a producir resultados electorales, lo que no significa que hayan planeado todo el ejercicio de la paz total con ese objetivo”, aseveró Barreras, aludiendo a la situación en la Mesa de Paz del Valle de Aburrá.

El candidato cuestionó de paso los acercamientos del gobierno con las disidencias de las Farc y otras organizaciones ilegales, que serían supuestamente también para apalancar votaciones en varias regiones apartadas del país.

Por fuera de ese fuego amigo, en Antioquia y Medellín, tanto el gobernador Andrés Julián Rendón como el alcalde Federico Gutiérrez, también expresaron su consternación ante una posible incidencia electoral de esas estructuras.

“No queremos que ocurra lo que ha tomado lugar en otras latitudes del departamento y el país, donde hay presencia de actores armados ilegales que constriñen a la gente y que es donde casualmente el partido de gobierno ha obtenido unas votaciones muy superiores a las de otras colectividades”, expresó por ejemplo Rendón, advirtiendo que solo en el Aburrá y Rionegro está concentrado el 70% del potencial electoral del departamento.

Por esa misma vía, el alcalde Gutiérrez se refirió al tema cuando presentó una propuesta de proyecto de ley para cerrarle el paso a más suspensiones de órdenes de captura.

“Colombia está siendo gobernado por unos bandidos. Petro se les entregó a las estructuras criminales para ganar la presidencia. Y con ellos están gobernando. Y lo más grave es que ahora, después de casi un año o dos años de haber nombrado voceros de paz a estos criminales, a los cuales les levantan las órdenes de captura, van a tener la posibilidad de salir de la cárcel en algunos momentos, supuestamente a realizar gestiones de paz, pero ¿en plena época electoral a la Presidencia? Se lo advierto al país: todo esto es una estrategia para que los criminales salgan a hacer campaña”, expresó Gutiérrez.

Más allá de las confrontaciones políticas, varios expertos en crimen organizado y fuentes cercanas a la Mesa de Paz Urbana debaten el escenario de una posible participación de esas estructuras.

Si bien la mayor parte de las denuncias de este tipo se han presentado históricamente en zonas por fuera del Valle de Aburrá, en subregiones como Norte, Occidente, Bajo Cauca, Suroeste y Nordeste, varios expertos en crimen organizado creen que un escenario de este tipo en Medellín es altamente probable.

Así lo considera el profesor Santiago Tobón, investigador de crimen organizado y director de Valor Público de la Universidad Eafit, quien advierte que las estructuras criminales de Medellín sí tienen capacidad organizativa para movilizar personas en sus territorios, que podría utilizarse para mover votos.

“Para lograrlo, estos líderes no necesitan estar en la calle. Necesita dos cosas que ya tienen: una línea de comunicación con sus coordinadores — lo que han aceptado, en tanto justamente de ahí viene su poder de negociación —, y una red territorial con capacidad de presionar o incentivar a la población civil. Los combos ya cobran extorsiones casa por casa, regulan el comercio, y ejercen autoridad sobre los habitantes de sus zonas. Agregar una instrucción electoral a esa estructura de gobernanza es relativamente sencillo”, planteó el académico.

Tobón advirtió que, a manera de incentivo, para las estructuras que están sentadas negociando con el gobierno es claro que su mejor escenario es un candidato que prometa continuar con los diálogos en el próximo cuatrienio, posibilidad que han descartado el grueso de los detractores a la continuidad de este Gobierno Nacional.

El Colombiano pudo conocer a través de varias fuentes cercanas a los espacios de diálogo que en medio de esas conversaciones y de forma extraoficial sí se estaría mencionado desde algunos sectores que ayudar en las elecciones sería un tema crítico para que el espacio siga.

Sin embargo, dicho apoyo es más complejo que una mera conversación por varias razones, entre ellas que muchos de los cabecillas sentados en la mesa de diálogos en el pasado pertenecieron a grupos paramilitares y no ven con buenos ojos apoyar a un gobierno de la orilla ideológica contraria.

Vale recordar que estas tensiones ideológicas salieron a flote a finales de enero pasado, cuando Freyner Alfonso Ramírez, alias Carlos Pesebre, renunció a la mesa. Pese a que esta semana ‘Pesebre’ echó para atrás su dimisión y señaló estar dispuesto a dejar a un lado sus diferencias con el objetivo de anteponer los diálogos, no ocultó tener incomodidad con el gobierno por temas ideológicos.

De acuerdo con esas versiones, las zonas clave en un escenario de apoyo electoral serían algunas de Bello y del norte de Medellín.

En el caso de Bello, conocedores del tema advierten que de allí son seis de los siete cabecillas que todavía hoy gozan de la suspensión de órdenes de captura avalada por la Fiscalía.

Entre tanto, en Medellín, las dos comunas más importantes serían Manrique, en donde tienen influencia La Terraza y cabecillas como Douglas, el Compa y El Saya, así como Aranjuez, esta última de donde salieron algunos integrantes de estructuras para el controvertido tarimazo realizado el año pasado en La Alpujarra.

No obstante, el análisis de las votaciones en elecciones pasadas no es tan fácil si se analizan a la luz de un supuesto apoyo, al menos durante la campaña presidencial en Medellín en 2022, en donde en ningún lado Petro salió como el vencedor.

Por ejemplo, en el caso de la Comuna 3, Manrique, los consolidados históricos muestran que allí en 2018 los candidatos de lejos más votados fueron de la derecha y el centro: Iván Duque con 23.608 votos y Sergio Fajardo con 17.644, mientras Petro obtuvo solamente 3.835.

En 2022, Federico Gutiérrez sacó el 48 % de los votos allí y Petro logró crecer pero tampoco arrasar, sacando el 29 % de los votos.

En Aranjuez, Comuna 4, Iván Duque (48 %) y Sergio Fajardo (35 %) fueron los más votados en 2018, mientras en 2022 la principal votación se la llevó Federico Gutiérrez (47 %) y en segundo lugar quedó Petro (31 %).

Entre tanto, en Bello, en 2018 los más votados también fueron Duque (48 %) y Fajardo (35 %) y en 2022 Gutiérrez con 48 % y en segundo lugar Petro (27 %).

Por otro lado, la concejala Claudia Carrasquilla, exdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía, añadió que otras comunas en las que debería ponerse la lupa son Robledo (7), La América (12), Popular (1) y Santa Cruz (2), en las que también tienen injerencia.

“Eso se pudo evidenciar luego del tarimazo”, advirtió la concejala, “luego de que obtuvieran unas interceptaciones del grupo delincuencial Los Conejos, que pertenece a La Terraza, donde en uno de los audios uno de ellos decía que el viejo le pedía bajar gente para apoyar el tarimazo”, recuerda Carrasquilla.

Durante una rueda de prensa realizada el pasado martes en la Cárcel de Itagüí, antes de que ocurriera el escándalo por la parranda vallenata, varios de los integrantes de la mesa se refirieron a esos señalamientos y los negaron.

“Desde que estamos en el proceso han transcurrido tres procesos electorales. Nosotros enviamos un comunicado diciendo que las estructuras iban a respetar el proceso electoral. Si analizamos las elecciones municipales, ganaron las personas que ganaron con amplio margen. Las estructuras no tuvieron que ver en eso. En estas elecciones, estas mismas personas sacaron una muy baja votación. Tampoco hubo influencia de las estructuras. Lo que quiero decir es que la gente ya no se engaña con esos discursos anacrónicos y punitivos. En los barrios populares históricos nunca se ha coaccionado a la gente para que vote”, dijo ‘Carlos Pesebre’.

La senadora Isabel Cristina Zuleta, quien lidera esos diálogos, también se decantó por la misma línea.

“Que muestren las pruebas de cuáles son las acciones de proselitismo político que este proceso de paz ha realizado, porque nosotros hemos tenido especial cuidado para que eso no pase. De hecho, gracias a los procesos de Paz Total en el país, tuvimos una jornada electoral en paz”, dijo.

Para este 2026, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó un mapa actualizado con los municipios en riesgo alto y extremo de sufrir constreñimiento durante las elecciones legislativas y presidenciales.

En el caso de Antioquia, en riesgo extremo fueron catalogados los municipios de Amalfi, Andes, Anorí, Betulia, Briceño, Buriticá, Caucasia, Dabeiba, El Bagre, Ituango, Remedios, San Andrés de Cuerquía, Segovia, Tarazá, Toledo, Turbo, Valdivia y Zaragoza. En todos esos municipios, la MOE señaló tener indicios muy altos de que podría cometerse fraude y de que grupos armados podrían intimidar a los votantes para apoyar a uno u otro movimiento político.

Entre tanto, otros municipios como Armenia, Belmira, Cáceres, Campamento, Cañasgordas, Concordia, Frontino, Nariño, Peque, Salgar, San José de la Montaña, Uramita, Urrao y Vegachí fueron considerados en riesgo alto.