Alertan a quienes viven en conjuntos en Colombia: es por situación clave con ascensores

En Colombia, los edificios y conjuntos residenciales están reglamentados por las leyes de propiedad horizontal.

Sin embargo, estas llevan vigentes más de 20 años y por eso hay propuestas en el Congreso para actualizarlas con diferentes apartados que se ajusten a la realidad de esos espacios.

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Una de las propuestas, apunta Metrocuadrado, es la que exigiría a las constructoras incluir documentos claros sobre las garantías de los ascensores en edificios o conjuntos residenciales.

Las fachadas y los ascensores suelen ser algunos de los gastos más grandes en edificios, ya que su certificación solo se logra a través de determinadas condiciones puntuales.

“Esta entrega debe incluir documentos de garantía de ascensores y otros equipos, así como los planos y certificados de disponibilidad de redes eléctricas e hidrosanitarias”, detalla la propuesta citada por ese medio.

El proyecto de ley que cursa en el Congreso, para actualizar las leyes de propiedad horizontal, incluye elementos como el cuidado de áreas comunes y las multas por irrespetar normas de convivencia, entre otros puntos.

Leyes de propiedad horizontal y por qué son claves en Colombia

Las leyes de propiedad horizontal en Colombia son cruciales por varias razones. Primero, proporcionan un marco legal claro para la administración y convivencia en edificios y conjuntos residenciales, regulando derechos y deberes de propietarios y residentes. Esto asegura una gestión ordenada de los espacios comunes, como jardines, piscinas y ascensores, previniendo conflictos.

Segundo, estas leyes establecen las normas para la constitución de las copropiedades, incluyendo la creación de reglamentos internos y la formación de consejos de administración. Esto facilita la toma de decisiones colectivas y la resolución de disputas de manera organizada y democrática.

Tercero, las leyes de propiedad horizontal son esenciales para la protección de los intereses económicos de los propietarios. Regulan las cuotas de mantenimiento y administración, asegurando que todos contribuyan equitativamente a los costos de operación y mantenimiento de las áreas comunes, evitando así la desvalorización de la propiedad.