Dan aviso a colombianos que viven en edificios: pueden tener lío con los parqueaderos

Vivir en un edificio o conjunto implica respetar ciertas normas de las leyes de propiedad horizontal, pero por encima de estas van las estipuladas por el Estado.

Allí se incluyen algunas como las de la propiedad privada y el hecho de poder arrendar algo que uno posee a la persona que quiera.

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De hecho, las leyes de propiedad horizontal aclaran que ningún reglamento de un edificio o conjunto está por encima de las normas correspondientes a los arriendos.

Ante la situación, se genera un problema para la seguridad del conjunto y allí es donde debe actuar la compañía de seguridad.

Al poder arrendar un parqueadero privado en un conjunto a cualquiera (así no resida allí), es deber de la seguridad vigilar que la persona que alquila no sea un potencial delincuente. Asimismo, la responsabilidad legal recae en el dueño del garaje que se alquila y quien sí debe ser propietario o residente.

“El reglamento de administración de la propiedad horizontal no podrá contener normas que prohíban la enajenación o gravamen de los bienes de dominio privado, ni limitar o prohibir la cesión de los mismos a cualquier título”, reza la ley de propiedad horizontal en el país.

Leyes de propiedad horizontal y por qué son claves en Colombia

Las leyes de propiedad horizontal en Colombia son fundamentales para regular la convivencia en edificios y conjuntos residenciales, donde varias personas comparten espacios comunes como pasillos, ascensores, jardines y parques. Estas leyes establecen los derechos y deberes de los copropietarios, asegurando una administración eficiente de los bienes comunes y la resolución de conflictos.

En particular, la Ley 675 de 2001 regula la propiedad horizontal en el país. Define cómo se deben organizar los edificios y conjuntos, cómo se maneja el presupuesto, la cuota de administración, y la manera de tomar decisiones colectivas a través de asambleas. Esto es crucial para mantener el orden, preservar el valor de las propiedades y garantizar la seguridad de todos los residentes.

Además, estas normas facilitan la convivencia pacífica al establecer reglas claras sobre el uso de las áreas comunes, la realización de mejoras o reparaciones, y la manera en que se deben resolver las disputas entre vecinos. Sin estas leyes, la vida en comunidad podría volverse caótica y conflictiva, afectando negativamente la calidad de vida y el valor de los inmuebles.