Caída histórica de utilidades en Ecopetrol desata choque entre sindicato y Gobierno por rumbo energético de Colombia

La Unión Sindical Obrera (USO) de Colombia ha hecho públicas sus críticas frente a la política energética del Gobierno, luego de que Ecopetrol, la principal petrolera estatal, reportara una fuerte caída del 46,4 % en su utilidad neta durante el segundo trimestre de 2025, alcanzando apenas $1,8 billones, según información de Blu Radio. Paradójicamente, este desplome ocurre a pesar de que la producción diaria de crudo de la empresa subió a 751.000 barriles, uno de los mejores resultados operativos de la década. César Loza, presidente de la USO, calificó de “paradójica” la situación, que pone en evidencia las complejidades estructurales del sector hidrocarburos en Colombia.

Según el análisis citado por Blu Radio, la caída en las utilidades de Ecopetrol no se explica por problemas de producción, sino por factores externos. Entre estos, la baja notable en el precio internacional del crudo Brent—de US$83 a US$71 por barril—fue determinante, junto con un tipo de cambio desfavorable y un incremento en la carga tributaria, que incluyó el pago de unos $3 billones por nuevos impuestos. La situación se agravó con medidas urgentes como la “conmoción interior” en el Catatumbo, afectando una región clave para el sector petrolero. Loza también señaló críticamente que parte del aumento en la producción provino de operaciones en el Permian, Estados Unidos, lo que no generó empleo en Colombia, así como cuestionó la reciente compra de participación en yacimientos nacionales.

Frente a este contexto, la USO advierte que limitar la estrategia empresarial únicamente a la transición energética debilitaría a Ecopetrol. Defiende la necesidad de robustecer el negocio tradicional de hidrocarburos, asegurando que las inversiones en energías renovables deben ser técnicas, complementarias y alejadas de enfoques ideológicos. Un punto central de su postura es el debate sobre el fracking—la fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos no convencionales—suspendido desde 2018. Dada la actual dependencia colombiana de gas importado desde Estados Unidos y Trinidad y Tobago, la USO urge a retomar el debate para garantizar la autosuficiencia energética, un dilema esencial para el país.

El descenso sostenido en la rentabilidad de Ecopetrol—con caídas en sus ganancias de 43 % en 2023 y 22 % en 2024, según Blu Radio—tiene consecuencias directas para las finanzas públicas. Las transferencias al Estado caerán este año a unos $38 billones, la mitad del promedio de años anteriores, afectando la liquidez fiscal del Gobierno, accionista mayoritario con el 88,5 % de la empresa. Además, las decisiones estratégicas recientes, como la compra de Monómeros y la apuesta por proyectos offshore que requirieron más de US$7.000 millones, influyen en la capacidad de inversión y generación de empleo.

Este escenario ha generado un debate político creciente entre el Gobierno y la USO, especialmente después de que el presidente Gustavo Petro tachara al sindicato de “negacionista” del cambio climático. El sindicato respondió defendiendo la importancia del petróleo para la economía nacional y pidiendo que el debate energético se base en criterios técnicos y no ideológicos, en una respuesta oficial divulgada por X en 2025.

Analistas citados por Reuters y BBC han enfatizado que la estrategia de transición energética de Ecopetrol presenta riesgos: el desbalance de inversiones podría afectar la exploración tradicional y limitar la creación de empleo local. Además, instituciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han resaltado que Colombia debe avanzar de manera gradual hacia la descarbonización, ya que una retirada brusca de los hidrocarburos podría tener impactos sociales y fiscales profundos.

La crisis de Ecopetrol es también reflejo de la situación internacional, donde factores como la recuperación económica postpandemia, tensiones geopolíticas y cambios en la demanda global de energía suman volatilidad al sector. De acuerdo con Bloomberg, otras petroleras estatales medianas enfrentan desafíos similares al conjugar políticas de transición, equilibrio fiscal y el rol estratégico que desempeñan en sus países.

En este contexto, el cuestionamiento de la USO saca a flote la necesidad de un debate amplio y técnico sobre el futuro energético del país. La sostenibilidad de Ecopetrol, clave para la economía y las cuentas públicas de Colombia, depende de la capacidad para armonizar objetivos técnicos, sociales y ambientales en una política de largo plazo, realista ante las condiciones del mercado y la coyuntura nacional e internacional.

Preguntas frecuentes relacionadas

El fracking, o fracturación hidráulica, es un método para extraer hidrocarburos no convencionales al inyectar agua, arena y químicos a alta presión en rocas subterráneas. En Colombia, su suspensión desde 2018 responde a debates medioambientales, sociales y científicos. Diversos sectores advierten sobre el potencial impacto en fuentes de agua, sismos y afectaciones a comunidades rurales. Sin embargo, sindicatos y analistas han puesto sobre la mesa la necesidad de este tipo de proyectos para asegurar reservas y autosuficiencia energética ante la caída de la producción convencional y el aumento de importaciones, mostrando que el dilema tiene matices técnicos y de seguridad energética fundamentales para el país.

El contexto colombiano está marcado por la exigencia de una transición energética ordenada y equilibrada. Decidir reabrir el fracking implicaría no solo una evaluación técnica sobre el potencial de reservas, sino también un diálogo social amplio para mitigar riesgos y garantizar beneficios, cuestión que hoy divide profundamente a la opinión pública y a los tomadores de decisiones estatales.

Ecopetrol, como empresa estatal en la que el Estado colombiano tiene el 88,5 % de las acciones, es el principal motor de ingresos fiscales y exportaciones del país. Sus transferencias al presupuesto nacional han financiado históricamente proyectos sociales, infraestructura y servicios esenciales, con montos que tradicionalmente superaban los $70 billones anuales. Una baja en los ingresos de Ecopetrol, como la ocurrida en los últimos trimestres, se traduce en presión sobre las cuentas públicas y obliga al Gobierno a buscar fuentes alternativas de financiación, por ejemplo, vía mayor tributación o endeudamiento.

Además, la viabilidad y capacidad de inversión de Ecopetrol influyen directamente en la generación de empleo y el desarrollo de regiones productoras. Su transformación en el contexto de la transición global hacia energías limpias plantea el reto estratégico de preservar su fortaleza financiera, sin desatender los compromisos ambientales y sociales con el país.