Estados Unidos
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Fueron 11 agremiaciones de multinacionales las que mandaron sus inquietudes a funcionarios del gobierno de Joe Biden para que las hagan llegar a Gustavo Petro.
La reforma tributaria que hace trámite en el Congreso sigue metiendo susto en varios sectores de la economía, a tal punto, que el proyecto del gobierno nacional trasciende las fronteras. Incluso, los inversionistas de Estados Unidos ya se están moviendo para que no se ejecute.
Y es que, de acuerdo con Semana, varios gremios de empresas multinacionales mandaron una carta a varios funcionarios de Joe Biden para pedir que se interceda ante el actual gobierno y su intención con la reforma.
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Entre los funcionarios está Janet Yellen, secretaria del Tesoro en Estados Unidos. Además, aparece el secretario de Comercio y el representante comercial. Con ellos se busca que se haga una defensa de la inversión estadounidense en las discusiones de la reforma.
La revista anota que la carta pone de relieve que el “impacto negativo en las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos y contravendría la letra y el espíritu del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia”.
Es tal el susto desde afuera que los gremios de Estados Unidos pidieron que Joe Biden se ponga en contacto con su el presidente de Colombia para que se ajusten las medidas que afectarían la operación de compañías norteamericanas en este país.
Semana destaca el calado de las agremiaciones que hicieron la petición, pues hay compañías como DHL y empresas de comercio, tecnología, industria química, entre otros.
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En los puntos señalan que “el proyecto cambiaría el statu quo del nexo tributario colombiano, pasando de tener una residencia corporativa o presencia física en Colombia a uno basado en la ‘presencia económica significativa'”.
El susto va a que les pondrán dos impuestos a los no residentes, lo que se hace “únicamente sobre la base de tener una interacción deliberada y sistemática con usuarios o clientes en Colombia, teniendo en cuenta una determinada cantidad de ingresos brutos, el número de clientes o usuarios colombianos, o el uso de precios o la aceptación de pagos en la moneda local”, cita la revista.
Así pues, señalan que tendrían que “pagar el impuesto sobre la renta en Colombia mediante una retención en la fuente del 10 % o pagar un impuesto del 5 % sobre todos los ingresos brutos procedentes de la venta de bienes y/o la prestación de servicios digitales”.
Según los gremios autores de la carta, en Colombia se estaría poniendo nuevos impuestos a las empresas estadounidenses “que tengan una interacción deliberada y sistemática con el mercado colombiano; y las que alcancen un umbral bajo de ingresos brutos de 31.300 unidades tributarias”.
También los proveedores estadounidenses de servicios digitales, que “simplemente deben prestar cualquiera de los servicios digitales contemplados en el país y el proyecto de ley tributaria considere que tienen una presencia económica significativa”.
La carta expone, según Semana, que los nuevos parámetros fueron inscritos como una extensión del régimen del impuesto sobre la renta. Esto traería problemas ya que “el enfoque de ‘presencia económica significativa’ contraviene los principios fiscales internacionales vigentes desde hace mucho tiempo”.
En ese orden de ideas, pidieron suspender el trámite de la reforma y aseguraron que se necesita “un compromiso urgente y directo por parte del gobierno de los Estados Unidos [para] que exijan al Gobierno colombiano que suspenda el trámite de este proyecto de ley y que inicie una amplia consulta con las partes interesadas, incluidas las empresas locales y multinacionales que hacen negocios en Colombia”.
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