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La marca colombiana también cuenta con presencia internacional y lleva más de 30 años manufacturando y distribuyendo prendas de vestir para hombres y mujeres.
En los últimos años, la industria textil en el país ha sufrido remezones económicos pese a ser una de las que da mayores aportes al PIB nacional con una participación del 9,4 %, según cifras de 2022. De hecho, tan solo en 2023, una de las manufactureras más antiguas del sector cerró sus puertas definitivamente, por problemas financieros.
Sin embargo, esta dificultad se presenta en empresas de todos los tamaños y una de las que más llama la atención es la cadena manizaleña Color Siete, que hace unos años se encontraba en los principales centros comerciales del país.
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Color Siete era una de las marcas reinas de la producción y comercialización de prendas de vestir y accesorios en toda Colombia desde 1999, cuando decidieron dejar de ser solamente maquiladores y llegaron a tener presencia en varios países de Latinoamérica y el Caribe; además, con sus marcas Rosé Pistol y Jack Supplies, apuntaron a un mercado integral con opciones básicas de vestimenta para hombres y mujeres de todas las edades.
En su mejor momento, tuvo presencia en más de 14 ciudades del territorio nacional por medio de locales propios, arrendados, franquiciados o multimarca; sin embargo, tras años de operaciones en rojo, en 2017 la compañía suscribió un acuerdo extrajudicial de reorganización, pues a finales de septiembre de ese mismo año registró pasivos por $ 23.469 millones de pesos, reportó el diario La Republica.
En 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la misma dando 12 años de plazo para que esta cumpla con sus obligaciones y ejecute un plan de acción que les permita continuar sus operaciones, pagando sus pasivos y salvaguardando el empleo de sus trabajadores, de conformidad con la ley.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Color Siete negocia sus deudas. Según el periódico La Patria, en 2002 la compañía ingresó al trámite de reestructuración económica de la Ley 550. Este terminó cuando cumplieron de forma anticipada las condiciones acordadas el 20 de diciembre de 2011.
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Tras acogerse al proceso de reorganización en 2018, Color Siete implementó un plan para salir del concurso de acreedores y al mismo tiempo expandir su negocio; por esta razón, se reestructuraron organizacionalmente de forma estratégica para impulsar las ventas por internet y reducir costos operativos. Debido a esto, cerraron sus ‘outlets’ y muchas de sus tiendas, pero crearon estrategias para acercarse más a sus clientes como la reducción de precios y la personalización de camisas para hombre, donde se podía elegir desde la talla hasta detalles como tela, cuello, manga, entre otras.
Para 2019, se convirtieron en una de las primeras empresas textiles colombianas en vender sus productos a través de Amazon para América del Norte.
En 2020 lograron una extensión de dos años en el plazo para cumplir con sus obligaciones, pasando de 12 a 14 años, de forma que tienen hasta el 2031 para hacerlo; asimismo, el reporte financiero que compartieron en aquel entonces con el diario La República indicó una reducción del 50,47 % de las pérdidas frente al año anterior.
Con su sede principal en Villamaría, Caldas, hoy en día Color Siete da empleo directo a cerca de 300 personas y manufactura unas 50.000 unidades al mes, enfocando su modelo de negocio en el comercio por internet de todas sus marcas a nivel nacional e internacional y elevando su impacto en el sector textil colombiano a través del servicio de “paquete completo”, que analiza las tendencias actuales y crea un producto bajo el modelo de negocio de marca privada.
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La Ley 1116 de 2006, que establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se conoce comúnmente como la Ley de insolvencia empresarial, es el mecanismo mediante el cual una persona natural o jurídica puede acogerse cuando se encuentre imposibilitada para cumplir con sus responsabilidades financieras con sus socios y/ o acreedores. Esta tiene por objeto:
“La protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor.”
De este modo, hay dos etapas que pueden iniciarse dependiendo de la empresa:
Así las cosas, para muchas empresas el proceso de reorganización es una ventana de oportunidad para renegociar sus deudas y salir a flote en los tiempos pactados con la Superintendencia de Sociedades; sin embargo, en los casos donde esto no es posible, se inicia la liquidación judicial con el patrimonio restante. Así ocurrió con Textiles Konkord y sucederá con al menos tres empresas que no continuarán operando en 2024 en el país.
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