Caravana de inconformidad: Caldas se moviliza contra peajes y falta de inversión en Autopistas del Café

La reciente protesta en Caldas, protagonizada por una caravana de aproximadamente 80 vehículos y movilizaciones simultáneas en Manizales y Chinchiná, es reflejo del creciente descontento social y económico en torno a la concesión vial de Autopistas del Café. Esta concesión, operada desde 1997 por una firma privada, ha sido señalada por los ciudadanos como responsable de un déficit en la inversión en infraestructura vial en comparación con otros departamentos del Eje Cafetero, como Quindío. Los manifestantes demandan tanto el retiro de los peajes como una mayor cantidad y calidad de obras en la red vial local. Además, se expresaron preocupaciones respecto a la posible renovación de la concesión que expira en 2027 y la falta de avance en la promesa presidencial de eliminar los cobros de peajes a partir de esa fecha, según informes de Infobae y datos del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS).

El recorrido de la protesta, que inició en la zona industrial Mabe y concluyó en la Plaza de Toros de Manizales, fue acompañado de otra movilización relevante en el peaje Tarapacá II, ubicado sobre la vía a Pereira desde Chinchiná. En el centro de la inconformidad están los peajes de Las Pavas, San Bernardo del Viento y Santágueda, instalaciones cuya tarifa diaria impacta negativamente tanto a particulares como a propietarios de volquetas, quienes argumentan que los altos costos de peaje elevan considerablemente sus gastos operativos, afectando no solo al sector transportador sino también al precio de bienes y servicios locales.

El contexto histórico de esta situación se explica por la dinámica de las concesiones viales en Colombia. Bajo el modelo implementado desde los años noventa, privados asumen la financiación, recuperación y mantenimiento de carreteras mediante el cobro de peajes, fórmula que, aunque ha permitido realizar varias modernizaciones en el Eje Cafetero, no ha garantizado una distribución equitativa de los recursos. De acuerdo con reportes del INVÍAS en 2023, los fondos destinados a Quindío superan significativamente los entregados a Caldas, lo que alimenta la percepción de abandono y desbalance regional, y aviva el malestar ciudadano.

Aunado a ello, el panorama regulatorio para las concesiones en el país se encuentra en plena transformación: el gobierno actual, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, ha anunciado que buscará eliminar contratos de concesión y transferir la administración de las vías a entidades del Estado como el INVÍAS a partir de 2027, con la intención de reducir los pagos por peaje y aumentar la eficiencia y transparencia en la ejecución de obras públicas. Esta propuesta genera expectativas y también incertidumbre entre concesionarios privados y trabajadores del sector, como lo destaca el Ministerio de Transporte.

La situación que vive Caldas no es un caso aislado; diversas regiones del país enfrentan similares inconformidades respecto a concesiones. Según un análisis realizado por El Espectador en 2024, la falta de inversión equitativa y la persistencia de peajes onerosos generan protestas a nivel nacional, sobre todo en zonas donde el transporte de carga es fundamental para la economía local. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) señala que, para empresas pequeñas y medianas ubicadas en regiones con infraestructura deficiente, las tarifas de peaje pueden representar hasta un 15% de los costos logísticos totales.

Por otro lado, la percepción ciudadana sobre la gestión y cuidado de la red vial se ha vuelto más crítica. Expertos del Centro Nacional de Consultoría sostienen que, si bien las concesiones pueden representar alivios financieros a corto plazo para la nación, la falta de transparencia y los conflictos de interés usualmente asociados a estos modelos inciden negativamente en la confianza pública y estimulan movilizaciones. Así, la protesta en Caldas expone la necesidad de debatir un modelo de infraestructura sostenible y equitativo, así como la urgencia de garantizar inversiones que beneficien de manera proporcional a todas las regiones del país.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué es una concesión vial en Colombia?

El término “concesión vial” hace referencia a un modelo en el cual una empresa privada recibe autorización del Estado para construir, operar o mantener una vía pública a cambio del cobro de peajes. En el caso de Autopistas del Café, desde 1997 la empresa ha financiado la infraestructura vial del Eje Cafetero recuperando su inversión a través del cobro a los usuarios. Este sistema pretende acelerar el desarrollo de obras sin requerir fondos inmediatos públicos, pero puede generar desigualdades en la distribución de beneficios y costos, lo que suele derivar en debates y protestas regionales como la vivida en Caldas.

La comprensión de este modelo es fundamental para analizar no solo la molestia actual de los ciudadanos, sino también los desafíos que enfrentarán las regiones cuando, según los anuncios del Gobierno, las concesiones expiren y el mantenimiento vial pase a manos estatales. Evaluar la capacidad estatal de asumir esta responsabilidad será clave para el futuro de la infraestructura nacional.

¿Qué consecuencias puede tener la eliminación de los peajes para la economía regional?

La eliminación de los peajes traerá beneficios inmediatos para transportadores y particulares, ya que disminuirán los gastos diarios de movilidad, especialmente en regiones donde las tarifas representan una carga importante. Esto podría traducirse en una reducción del costo de diversos productos y servicios, al disminuir los costos logísticos para empresas y productores locales, según estudios del DANE.

No obstante, la supresión de los ingresos provenientes del peaje podría presionar las finanzas públicas y comprometer el mantenimiento adecuado de las carreteras si no hay un modelo alternativo efectivo para la financiación. Por ello, el debate sobre la transición entre concesiones privadas y gestión estatal resulta esencial para garantizar vías en buen estado sin sacrificar la equidad y sostenibilidad financiera regional.