Error de trámite en el Congreso obliga al Gobierno a aprobar el Presupuesto General de 2027 por decreto

El Congreso de la República enfrenta una de las controversias más significativas de los últimos años, tras el error de trámite presentado en la aprobación del Presupuesto General para 2027. De acuerdo con lo reportado, la alerta se activó tras el seguimiento estricto de la plenaria del Senado, donde cada artículo fue debatido y aprobado. Sin embargo, en la Cámara de Representantes, el 19 de octubre se suspendió la sesión plenaria para esperar los resultados de lo aprobado en el Senado, y posteriormente, a las 12:10 de la madrugada del 20 de octubre, se retomó la sesión con la intención de aprobar por “pupitrazo” el texto que acababa de ser aprobado en el Senado.

En medio de esa premura, los ministros del Interior y de Hacienda enfocaron sus esfuerzos en cerrar acuerdos políticos, descuidando los detalles esenciales del trámite. Dicha falta de atención llevó a la aprobación de dos textos distintos de un mismo artículo, el 65: mientras en el Senado se avaló tal como venía en la ponencia, en la Cámara se añadió una proposición del senador Juan Fernando Caicedo, que realmente no había sido adoptada previamente por el Senado. Este descuido pasó inadvertido y se votó el proyecto con esta diferencia sustancial, contraviniendo lo estipulado en la ley quinta, que exige conformar un comité de conciliación para resolver discrepancias de texto entre las cámaras. Dado que el tiempo era insuficiente para cumplir este procedimiento, no se logró culminar el proceso, lo que provocó la caída del proyecto según informaciones de El Espectador.

Con el hundimiento del trámite en el Congreso, el Estatuto Orgánico solo deja una salida: que el Gobierno apruebe el presupuesto por decreto, pero debe hacerlo usando el texto aprobado en las comisiones conjuntas, sin poder incluir las modificaciones ni acuerdos adoptados en plenaria. Esto implica la eliminación de partidas adicionales, recortes y facultades extraordinarias para el presidente, así como acuerdos regionales pactados en última instancia. Por ejemplo, caerían COP 3 billones adicionales destinados a EPS, varios recortes presupuestales propuestos y la posibilidad de redistribuciones discrecionales de recursos.

Las consecuencias de este presupuesto por decreto se traducen en ajustes significativos en los sectores clave del gasto público: reducción de recursos para el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el sector ambiental y las partidas dedicadas a consolidar la paz y la reparación de víctimas. Muchos acuerdos con políticos regionales quedaron sin respaldo legal alguno, lo cual constituye una derrota para el gobierno y muestra la importancia de respetar los procedimientos legislativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué un error de trámite en el Congreso afecta la validez del Presupuesto General de 2027?

Un error de trámite implica que no se cumplieron los pasos legales necesarios para aprobar una ley, como conciliar las diferencias entre los textos de Cámara y Senado. Esto viola lo exigido por la ley quinta y, en consecuencia, el proyecto queda sin validez legal, evitando que el presupuesto con las modificaciones recientes entre en vigor.

¿Qué significa que el presupuesto de 2027 deba aprobarse por decreto y cuáles son sus implicaciones?

Que el presupuesto sea aprobado por decreto implica que el Gobierno solo puede validar la versión del texto que fue avalada por las comisiones conjuntas del Congreso, sin aceptar cambios posteriores o acuerdos regionales. Esto restringe la flexibilidad en la asignación de recursos y deja sin efecto recortes, aumentos o facultades especiales que se agregaron en las plenarias, afectando a sectores como EPS, Sena y el ambiental.