Definen el futuro de Presto, empresa con muchos trabajadores en Colombia; ¿quebró?

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La Superintendencia de Sociedades confirmó un acuerdo de reorganización con dicha empresa. Desde hace tiempo enfrenta crisis.

Ese ente regulador informó este jueves que, durante audiencia pública de 30 de abril de 2026, el juez del proceso de reorganización confirmó el acuerdo de la sociedad Franquicias y Concesiones SAS, conocida en el mercado por el uso de la marca Presto.

“Esta decisión se adoptó tras verificarse que el acuerdo presentado por la promotora obtuvo una votación favorable del 81,39 % de los acreedores calificados y graduados, y que sus disposiciones se ajustan a los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006”, informó la Supersociedades.

Además, explicó que, a través de dicho acuerdo, esa cadena de restaurantes atenderá un pasivo total de $ 31 mil millones luego de que se aprobara una quita de capital por valor de $ 19 mil millones con los acreedores de quinta clase y $ 211 millones con los acreedores garantizados de segunda clase. El pasivo total a reorganizar se atenderá en un plazo de seis (6) años.

Presto entrará en reorganización en Colombia y se podrá recuperar financieramente

La sociedad Franquicias y Concesiones SAS fue constituida en noviembre de 2002 y tiene por objeto la venta y distribución de productos alimenticios. Con la celebración del acuerdo, esa sociedad buscará la preservación de 694 empleos directos, así como el funcionamiento de 180 puntos de venta distribuidos a nivel nacional.

Sobre esta decisión, la superintendente de Sociedades(e), Nini Johanna Castañeda, señaló que: “Este acuerdo constituye un ejemplo claro de cómo el respaldo de los acreedores, reflejado en quitas de capital y decisiones coordinadas, puede hacer viable el salvamento empresarial. Se trata de un esfuerzo significativo por parte de los acreedores, que demuestra su confianza en la recuperación de la compañía, y de un compromiso igualmente relevante por parte de la empresa para reorganizar su operación y cumplir sus obligaciones en el tiempo.

Además, enfatizó en que casos como este evidencian que los mecanismos de insolvencia sí permiten construir consensos sostenibles, en los que el acuerdo entre acreedores y el deudor se traduce en un salvamento para la empresa que contribuye a la preservación del tejido empresarial y la protección del empleo.

“Desde su función jurisdiccional, la Superintendencia de Sociedades verificará el cumplimiento del acuerdo, asegurando que sus disposiciones se ejecuten conforme a la ley, bajo reglas claras y en condiciones de transparencia para todos los intervinientes”, enfatizó Castañeda.

(Vea también: Definen la suerte de tiendas Oma en Colombia: Supersociedades ratificó decisión)

Supersociedades: ¿qué significa entrar en proceso de reorganización?

Básicamente, es un pacto de “borrón y cuenta nueva” (técnicamente una reestructuración) entre una empresa que tiene problemas de liquidez y sus acreedores. Cuando la Superintendencia de Sociedades admite a una empresa en este proceso, se suspenden temporalmente todos los procesos de cobro jurídico y embargos. Esto le da a la compañía un “respiro” para seguir operando mientras negocia cómo, cuándo y bajo qué condiciones pagará sus deudas.

La filosofía de la Supersociedades no es quebrar empresas, sino salvar unidades productivas viables. El acuerdo busca normalizar las relaciones comerciales y crediticias mediante la reestructuración operacional o administrativa.

También hay que decir que no basta con querer reorganizarse, se necesita que la propuesta de pago sea aprobada por la mayoría absoluta de los acreedores (más del 50% de los votos), representando al menos a tres categorías diferentes (empleados, Dian, bancos, proveedores, etc.).

La empresa, a su vez, debe demostrarle al Juez del Concurso (la Supersociedades) que tiene un plan real para generar caja. Si el plan no es creíble o la empresa no es viable, el acuerdo fracasa y se pasa a la liquidación judicial.

Finamente, una vez el acuerdo es confirmado en audiencia pública, se vuelve ley para todas las partes. La empresa debe cumplir estrictamente con el cronograma de pagos pactado; de lo contrario, cualquier incumplimiento puede llevarla al cierre definitivo.