Polémica en el Eje Cafetero: ¿Eliminar peajes es la solución o pone en riesgo las vías de Colombia?

El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X sobre la supresión de los peajes en el Eje Cafetero ha suscitado diversas reacciones en la esfera política del país. El senador Guido Echeverry Piedradita, representante por el departamento de Caldas, expresó una postura crítica al respecto, cuestionando la viabilidad y la responsabilidad de este tipo de iniciativas presidenciales. Según declaraciones del propio senador publicadas por La Patria, el dirigente considera que existe una desconexión entre las proyecciones del Gobierno y la realidad concreta, lo que podría traducirse en anuncios o determinaciones que, más que solucionar, suman incertidumbre sobre el futuro de la infraestructura vial.

Echeverry reconoció, no obstante, la necesidad de revisar o incluso eliminar ciertos peajes ubicados en el área metropolitana Centro Sur de Caldas, fundamentalmente porque afectan de manera injustificada a comunidades específicas. Sin embargo, fue enfático en señalar que el mecanismo de concesiones ha sido valioso para el desarrollo vial colombiano, y que desmantelar este modelo podría poner en riesgo los avances logrados en materia de conectividad y calidad en las carreteras. La propuesta del senador apunta a evaluar la pertinencia de tres peajes en Caldas—Pavas, San Bernardo del Viento y Santágueda—y a la redistribución de las cargas económicas entre los departamentos del Eje Cafetero.

Asimismo, Echeverry manifestó que, aunque en Colombia se paga por un número significativamente alto de peajes en comparación con otros países, eliminar completamente estos puntos de recaudación no resulta absolutamente conveniente. A su juicio, la contribución de los usuarios es, en alguna medida, necesaria para afrontar los retos logísticos que enfrenta el país, como los elevados costos en el transporte de mercancías y su impacto en la competitividad nacional, siempre que esta contribución esté justificada y no suponga una carga injusta.

El paso de la administración de los peajes y autopistas a manos del Instituto Nacional de Vías (Invías) fue otro tema abordado por el senador. Explicó que tanto Invías como el Estado han presentado dificultades históricas en el manejo eficiente de las vías nacionales, lo que se ha traducido en deterioro efectivo de numerosos tramos bajo su supervisión. Además, Echeverry subrayó la ausencia de estudios claros que delineen el destino exacto de los recursos que se captarían, en caso de pasar la gestión de las Autopistas del Café al Estado.

Las posiciones expresadas por el senador de Caldas reflejan un debate mucho más amplio sobre el modelo de infraestructura vial en Colombia, las formas de financiamiento y el papel de la administración estatal versus las concesiones privadas, así como la necesidad de equilibrio entre justicia tributaria, desarrollo territorial y sostenibilidad financiera.

¿Qué es una concesión vial y cómo funciona en Colombia?

La inquietud sobre cuál es el funcionamiento y la importancia de las concesiones viales se vuelve relevante en este contexto porque el modelo de concesiones determina el financiamiento, mantenimiento y operación de las carreteras con recursos privados, a cambio de la explotación mediante peajes. Según lo citado por dirigentes políticos en La Patria, esta modalidad ha permitido mejoras sustanciales en la infraestructura, aunque plantea desafíos respecto a los costos para los usuarios y el eventual desgaste del mecanismo.

El modelo de concesión consiste en que una empresa privada recibe autorización para construir, ampliar o administrar un tramo vial específico, recuperando la inversión a través del recaudo de peajes durante un periodo determinado. Si bien el objetivo es garantizar el mantenimiento constante de las vías, la controversia radica en si la gestión pública lograría los mismos estándares de calidad y transparencia que se exigen a los privados, cuestión que cobra total vigencia ante la discusión actual sobre el futuro de los peajes y su eventual reversión a manos estatales.