Alerta por intenciones de Petro con dinero de pensiones: “Riesgos para afiliados”

Economía
Tiempo de lectura: 4 min
Escrito por:  Sebastian Alfonso
Actualizado: 2026-01-05 17:49:52

Exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro advirtió los riesgos que tiene el plan para repatriar los recursos invertidos en el exterior.

La intención del Gobierno de Gustavo Petro de traer de vuelta al país parte de los recursos de los fondos privados de pensiones que hoy están invertidos en el exterior encendió una fuerte alarma en el sector financiero.

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La advertencia más dura vino de Mónica Higuera Garzón, exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), quien en entrevista con La FM explicó por qué esta iniciativa podría terminar afectando directamente a los afiliados y al mercado de capitales colombiano.

El debate se reactivó luego de que el propio presidente Petro se pronunciara en su cuenta de X sobre la posibilidad de repatriar cerca de 250 billones de pesos que las AFP tienen invertidos fuera del país. Según el mandatario, el proceso no sería “de un solo golpe”, sino gradual, con un plan que frene la salida de más recursos del ahorro pensional y promueva la inversión interna.

“El retorno de estos recursos no puede ser abrupto”, señaló el jefe de Estado, quien negó que se trate de un “robo del Estado”, argumentando que los administradores privados seguirían manejando los saldos de los trabajadores. Petro incluso planteó reuniones con las AFP para definir las fases de entrada al país del ahorro pensional “exportado”.

El objetivo del Gobierno, según explicó, es destinar esos recursos a inversiones de largo plazo consideradas estratégicas, como ferrocarriles, fibra óptica central y submarina, así como la construcción y mejoramiento de vivienda. 

Esta idea ya había sido expuesta por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien confirmó que el Gobierno analiza un proyecto de decreto para ordenar la repatriación de esos recursos. De acuerdo con el funcionario, el dinero podría financiar megaproyectos de infraestructura, entre ellos proyectos férreos por 156 billones de pesos, viales por 101 billones y obras de infraestructura aérea, marítima y fluvial por cerca de 35 billones.

Sin embargo, desde el interior del propio Gobierno surgieron reparos. Mónica Higuera renunció en diciembre a la dirección de la URF, precisamente por su desacuerdo con esta iniciativa. Tras su salida, decidió explicar los riesgos que, a su juicio, no fueron atendidos.

“Este es un tema muy importante porque toca una fibra sensible del mercado de capitales colombiano, que es poco profundo y con baja liquidez”, advirtió en La FM. 

Según Higuera, las inversiones de las AFP no están hechas al azar, sino que responden a estrategias técnicas de mediano y largo plazo, diversificadas en distintos activos, monedas, plazos y regiones.

Riesgos de repatriar dinero de pensiones

Para la exfuncionaria, traer esos recursos de manera acelerada implica desmontar estrategias de inversión construidas durante años. “Muchas veces esos activos son de baja liquidez o tienen penalidades por retiros anticipados, lo que genera riesgos directos para los afiliados, que son los verdaderos dueños del dinero”, explicó.

Higuera fue más allá y aseguró que el mercado colombiano no tiene la capacidad para absorber un flujo tan grande de recursos en poco tiempo, precisa La República. “El mercado local es poco líquido, tiene pocos emisores y las AFP ya tienen una alta exposición a deuda pública. Todo esto lo advertí claramente, pero la instrucción del ministro fue que el decreto debía estar listo”, afirmó.

Uno de los escenarios que más preocupa es la posibilidad de trasladar 120 billones de pesos en solo seis meses, una cifra que, según Higuera, podría provocar distorsiones severas. “El principal riesgo es la liquidez. He usado una analogía sencilla: es como pretender consumir de inmediato toda la cava de un restaurante. El sistema no tiene la capacidad para absorber eso sin generar impactos graves”, señaló.

En su concepto, obligar a vender activos de largo plazo de forma anticipada implicaría pérdidas, sanciones y presiones indebidas sobre el mercado local, con un efecto directo sobre los ahorros pensionales de millones de colombianos.

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