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Este jueves se habló de una supuesta reunión en la que el presidente, el senador y taxistas habrían pactado la medida para evitar su adhesión al paro nacional.
Así consta en un comunicado en el que esa colectividad sostiene que no existió tal reunión y resalta que la decisión “fue tomada por un juez de la República”.
El representante a la Cámara Mauricio Toro fue quien lanzó la versión que ahora desmiente el Centro Democrático. Según él, la Superintendencia que emitió la orden de suspensión está liderada por un funcionario “que nombra el presidente, y las decisiones que se tomen allí por parte de los jueces de la Superintendencia tienen que tener visto bueno del superintendente (Andrés Barreto), quien depende del presidente”.
El comunicado descarta que esto tuviera alguna relación y agrega que la determinación tomada “tiene como fundamento que la plataforma pone las tarifas y funciona como agente recaudador, lo que, según el operador judicial, constituye la prestación de un servicio de transporte”.
Eso sí, el partido de gobierno también se precia de defender a los taxistas, aunque asegura que no se opone a las plataformas tecnológicas que, tras la orden contra Uber, parecen sentir que les llegará su momento.
“Lo que se pide es que las plataformas cumplan con las obligaciones de seguridad social y que en el caso de transporte, los taxistas no estén en desventajas” y que “puedan ser competitivos”.
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