Millonarios sobrecostos en contratos de COVID-19 asfixian a 9 gobernaciones y 11 alcaldías

La Contraloría anunció la apertura de varios procesos de responsabilidad fiscal e investigaciones por hallazgos que suman miles de millones de pesos.

En una rueda de prensa conjunta con la Fiscalía y la Procuraduría, la Contraloría detalló que tras analizar unas 340 alertas, se calculó que los sobrecostos totales ascenderían a 484.000 millones de pesos, informó CM&.

Los procesos de responsabilidad fiscal que también se anunciaron apuntan a los gobernadores del Tolima y Guainía y el alcalde de Cartagena de Indias, así como los mandatarios de Chiriguaná y Girardot, indicó La FM.

En el caso del gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco, se habla de un primer caso de sobrecostos de 2.121 millones de pesos “en dos contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo y por el pago de mayores valores e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación del tema COVID-19”, de acuerdo con el contralor, Carlos Felipe Córdoba.

Los costos de esos kits eran de poco más de 4.000 millones de pesos, pero se pagaron 5.154 millones de pesos, lo que representó un presunto sobrecosto de 1.151 millones de pesos. La segunda investigación tiene que ver con la firma de otro contrato de 5.000 millones de pesos y en el que habría un detrimento de 827 millones de pesos. En el tercer contrato, el detrimento sería por 143 millones de pesos.

El contralor Córdoba también informó que la entidad abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Cartagena, William Dau, por presunto “daño al patrimonio público” por un cuantía de 193 millones de pesos. Los sobrecostos se habrían pagado en un contrato que tenía por objeto “el suministro de insumos sanitarios y de protección como medida de prevención, reducción de los factores de riesgo y amenaza ante el COVID-19 en el Distrito de Cartagena”.

Igualmente, la Contraloría inició una acción de responsabilidad fiscal contra gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, como consecuencia del daño al erario en un contrato firmado con una particular para comprar víveres para la población afectada por el coronavirus, con sobreprecio de 112 millones de pesos.

Por otro lado, las numerosas indagaciones preliminares anunciadas por la Contraloría cobijan a las gobernaciones de Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar, Magdalena, Putumayo, Santander, Cundinamarca y Vaupés, así como las alcaldías de Cúcuta, Santa Marta, Yondó, Sabaneta, Cota, El Copey, El Paso, Aguachica y el Hospital Universitario Departamental de Nariño, detalló Caracol Radio.

El fiscal Francisco Barbosa también dijo que acusará y solicitará cárcel para el suspendido gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, por su presunta responsabilidad en graves irregularidades en contratos que tenían por fin la atención de la pandemia en ese departamento. Los cargos contra Palacios son por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, tentativa de peculado por apropiación y lavado de activos.