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Esta arriesgada maniobra no solo pone en peligro la vida de peatones y ciclistas, sino que también infringe las normas de tránsito vigentes en el país.
En Bogotá, una de las ciudades más congestionadas de Colombia, las autoridades han intensificado los operativos para frenar las infracciones de tránsito, especialmente en el contexto de las múltiples obras de movilidad y cierres viales que afectan a la ciudad.
(Vea también: Anuncian cambios en patios y grúas de Bogotá; conductores tendrían alivio pronto)
Con cerca de 2 millones de vehículos circulando diariamente en la ciudad, el tráfico se ha convertido en un desafío constante para los bogotanos. Los trancones, ahora parte de la vida cotidiana, han llevado a que muchos motociclistas recurran a prácticas peligrosas, como invadir andenes y ciclorrutas para evitar los atascos.
Esta conducta no solo pone en peligro la vida de peatones y ciclistas, sino que también infringe las normas de tránsito vigentes. A pesar de las campañas de sensibilización y los esfuerzos de las autoridades por educar a los conductores sobre la importancia de respetar las normas, una gran parte de los motoristas continúa transgrediendo las áreas prohibidas.
Según el Código Nacional de Tránsito, el conducir en zonas no autorizadas, como los andenes, conlleva una sanción económica considerable. La multa por esta infracción es de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que equivale a aproximadamente $ 1.300.000 en el año 2024.
Además de la multa, el vehículo infractor puede ser inmovilizado, lo que añade un costo adicional a la sanción. La situación se complica aún más con respecto a las ciclorrutas. La Ley 769 de 2022 establece que estos espacios están destinados exclusivamente para el tránsito de bicicletas, prohibiendo el uso de ciclomotores.
Esta regulación busca proteger a los ciclistas y garantizar un espacio seguro para su desplazamiento. La Resolución 137609 de 2023 refuerza esta prohibición, extendiéndola a ciclovías y cualquier tipo de cicloinfraestructura.
El incumplimiento de esta normativa también tiene consecuencias económicas, con una multa de $ 522.900 para quienes infrinjan la ley al transitar por estos espacios.
La necesidad de adherirse a estas normas es crítica no solo para evitar sanciones financieras y la inmovilización de vehículos, sino también para garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de las vías.
La creciente presión sobre las autoridades para hacer cumplir estas reglas es un reflejo de la urgencia de abordar el problema del tránsito en Bogotá y de la importancia de promover una cultura de respeto y responsabilidad en las vías urbanas.
En este contexto, el cumplimiento de las normas de tránsito se convierte en una responsabilidad compartida que debe ser asumida tanto por los conductores como por los peatones y ciclistas, con el fin de lograr una convivencia más segura y ordenada en la ciudad.
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