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Trabajadores del transporte público, de centrales de energía y demás rubros se fueron a huelga en Finlandia, al no llegar a un acuerdo con el gobierno.
La Organización Central de Sindicatos de Finlandia (SAK), la principal confederación sindical del país nórdico, elevó este jueves su pulso al Gobierno con una gran huelga de un día en protesta por los recortes y las reformas laborales anunciadas por el primer ministro conservador, Petteri Orpo.
La huelga, centrada en el transporte público, paralizó casi por completo el tráfico de autobuses, trenes y tranvías en las principales ciudades del país y afectó también al reparto de comidas a escuelas y guarderías o la limpieza de edificios públicos e instalaciones deportivas.
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También se unieron a las movilizaciones varias centrales térmicas en las localidades de Vantaa, Espoo, Tampere, Naantali y Pietarsaari, donde interrumpieron la producción eléctrica durante 24 horas y desconectaron sus turbinas de la red.
Se trata de la primera gran huelga organizada por la central sindical SAK este otoño tras dos meses de protestas y paros selectivos contra lo que considera “políticas injustas” del Gobierno de coalición.
SAK, compuesta por 18 sindicatos y con más de 800.000 afiliados, considera que el proyecto de reforma laboral del Ejecutivo “debilitará drásticamente la seguridad social y los derechos básicos de los trabajadores”, especialmente los de rentas medias y bajas.
El Gobierno de coalición, formado por los conservadores, la ultraderecha y otros dos pequeños partidos de derechas, quiere aplicar una serie de medidas para recortar el gasto público y aumentar la productividad que han sido criticadas desde varios sectores.
Estas reformas incluyen una reducción progresiva de las prestaciones por desempleo, facilitar el despido y la temporalidad y permitir que el primer día de baja por enfermedad no sea remunerado.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo quiere que los convenios sectoriales no sean vinculantes para todas las empresas y que los sindicatos no puedan convocar huelgas políticas, dos medidas que limitarían la capacidad negociadora de las organizaciones sindicales.
Las negociaciones a tres bandas entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos se encuentran interrumpidas debido a la exigencia de la central SAK de abordar todas estas políticas en una misma mesa, algo a lo que el Ejecutivo de Orpo se niega.
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