Otro problema para Almacenes Flamingo por productos y servicios que ofrecía: la SIC investiga

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de una investigación administrativa en contra de Almacenes Flamingo S.A. —una empresa que pasó de ser muy exitosa a estar en riesgo de insolvencia— por presuntas vulneraciones a los derechos de los consumidores en Colombia. La medida surge después de que la entidad analizara la información relacionada con los sistemas de financiación que ofrece la compañía para la compra de bienes y servicios.

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor adelantó una revisión de documentos, contratos y cobros efectuados, especialmente en operaciones realizadas en los años 2022 y 2024. Tras este análisis, identificó posibles prácticas contrarias a lo establecido en la legislación de protección al consumidor.

Entre los primeros hallazgos de la SIC están:

1. Cobro de intereses superiores al límite legal: según la revisión de operaciones realizadas en noviembre de 2022 y enero de 2024, Flamingo habría aplicado tasas de interés más altas de las permitidas por la legislación colombiana.
2. Falta de información en los contratos de crédito: en los contratos firmados en enero y noviembre de 2024, la empresa no habría incluido datos obligatorios para que los consumidores tomaran decisiones informadas. Entre ellos:

• Descripción detallada del bien adquirido.
• Tasas de interés (remuneratoria y moratoria) expresadas como interés efectivo anual.
• La tasa máxima legal vigente al momento de la firma.

De acuerdo con la entidad, estas prácticas habrían llevado a que algunos consumidores pagaran más de lo que correspondía y a que no contaran con la información suficiente sobre sus obligaciones. Este no es el único problema al que se enfrenta esta empresa en la actualidad, pues hay varias demandas en su contra.

De cuánto sería la multa a Almacenes Flamingo

Si la investigación confirma las irregularidades, la SIC podría imponer sanciones como:

• Multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Cierre temporal de establecimientos hasta por 180 días.
• Prohibición temporal o definitiva de distribuir u ofrecer determinados productos al público.

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Es importante aclarar que la apertura de la investigación no equivale a una sanción inmediata. La empresa tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos, entregar pruebas y ejercer su derecho a la defensa. La SIC, por su parte, continuará con la recopilación y análisis de la información antes de tomar una decisión final.

Este proceso puede tener varias repercusiones. Por un lado, podría sentar un precedente frente a la forma en que las empresas del comercio minorista ofrecen productos financiados y las condiciones que deben garantizar a sus clientes. Por otro, refuerza la vigilancia sobre la transparencia en los contratos de crédito, un aspecto clave para evitar abusos en el cobro de intereses y para garantizar que los consumidores comprendan con claridad las obligaciones que asumen al endeudarse. Para quienes compran bienes financiados, las decisiones finales de la entidad podrían: