Luego de incautación a Lili Pink, se sabe qué pasará con sus tiendas en medio del escándalo
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La Fiscalía incautó cientos de bienes de la marca y, mientras avanza la extinción de dominio, la SAE tomará control y evaluará el futuro de la empresa.
La incertidumbre rodea el futuro de la cadena Lili Pink luego de un operativo de la Fiscalía que destapó presuntos vínculos con lavado de activos y contrabando. La intervención ocurrió el 28 de abril en varios locales de la marca, reconocida por la venta de ropa femenina en el país.
Las investigaciones apuntan a que, además de prendas, habrían ingresado al país juguetes y productos cosméticos sin la documentación exigida, mediante una red de importadoras y sociedades ficticias. En ese esquema, Lili Pink habría servido como canal de distribución para dar apariencia de legalidad a los productos.
Qué pasará con las tiendas de Lili Pink
También fueron detectados posibles movimientos financieros irregulares y otras maniobras que buscaban evitar alertas. Como resultado, se aplicó la extinción de dominio a 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, ubicados en 59 ciudades y varios municipios del país. El valor de estos bienes superaría los 54.000 millones de pesos.
El caso también incluye cifras de alto impacto. Las pesquisas indican que el presunto lavado de activos alcanzaría los 730.000 millones de pesos, mientras que el contrabando se acercaría a los 75.000 millones. A pesar de esto, la Fiscalía aclaró que los establecimientos continuarán abiertos al público mientras avanza el proceso judicial.
En medio de este panorama, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) explicó que asumirá la administración de los bienes incautados una vez avance el trámite correspondiente. Esta entidad evaluará la situación financiera y operativa de la empresa para definir los pasos a seguir.
Además, la SAE ya inició acercamientos con el Ministerio de Trabajo para conocer el estado de los empleados y sus condiciones laborales. También solicitó el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría, con el fin de vigilar el proceso y garantizar transparencia en las decisiones.
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