Gobierno Petro radicó presupuesto para 2027 con billonaria y preocupante cifra en rojo

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El Ejecutivo presentó el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Los ingresos proyectados dejan desfinanciación de $30,2 billones.

El Gobierno radicó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por $575,6 billones, una cifra superior a la de 2026 y equivalente al 27% del PIB.

(Vea también: El creciente peso de la deuda pone en jaque la inversión pública en el Presupuesto 2027: ¿qué está en riesgo?)

La propuesta quedó en manos del Legislativo en medio de una transición política, pues será el gobierno de Abelardo de la Espriella el que termine de ejecutar ese presupuesto si el trámite avanza y se aprueba.

Un presupuesto que combina responsabilidad fiscal con compromiso social.

El Gobierno nacional presentó ante el Congreso el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2027 por $575,6 billones (27 % del PIB), alineado con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el… pic.twitter.com/H9okEwI3ti

— MinHacienda (@MinHacienda) July 30, 2026

Sin embargo, la discusión de fondo sigue siendo la financiación. De acuerdo con la información revelada, el plan de gasto necesitaría $30,2 billones adicionales para quedar completamente cubierto, un hueco que el Gobierno intenta resolver con una nueva reforma tributaria.

Reforma tributaria acompañaría el presupuesto para 2027

La administración saliente volvió a poner sobre la mesa un proyecto tributario para buscar ingresos extra y sostener el tamaño del presupuesto. Esa iniciativa, según los reportes, apunta a recaudar cerca de $21,9 billones y contempla ajustes en impuestos como IVA, patrimonio y renta.

El problema es que ese recaudo no alcanzaría por sí solo para tapar el faltante total del presupuesto, por lo que el Ministerio de Hacienda insiste en que el país necesita una solución fiscal de mayor alcance. El propio ministro Germán Ávila advirtió que corregir el desbalance entre ingresos y gasto exige cambios estructurales en el sistema tributario y en la forma de ejecutar el presupuesto.

La propuesta oficial mantiene el énfasis en gasto social e inversión pública, que en esta versión llega a $90 billones. El Gobierno sostiene que el proyecto busca sostener programas sociales y preservar la senda de consolidación fiscal, mientras el país atraviesa una coyuntura de bajo recaudo y alta presión presupuestal.

Aun así, el tamaño del presupuesto vuelve a abrir el debate sobre la capacidad real del Estado para financiarlo sin recurrir a más impuestos o a recortes posteriores. En ese escenario, el Congreso tendrá que decidir si aprueba el texto tal como fue presentado o si exige modificaciones para hacerlo más viable.

El proyecto deberá surtir su debate legislativo antes del 20 de octubre. En ese camino, las comisiones económicas tendrán la tarea de revisar si la suma de presupuesto y reforma tributaria realmente cierra las cuentas o si el Gobierno tendrá que ajustar su propuesta.

El trámite promete ser uno de los primeros grandes pulsos entre el Congreso y el gobierno saliente, pero con efectos directos sobre la administración entrante. En otras palabras, el presupuesto que se discute hoy terminará siendo ejecutado por el próximo gobierno, lo que le añade tensión política y fiscal a todo el proceso.