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La misma Fiscalía General anunció que ya hizo la "primera incautación con fines de decomiso a vehículos usados para actos vandálicos" durante el paro nacional.
La entidad lo confirmó por medio de un video que publicó en sus redes sociales e indicó que el procedimiento se registró en el peaje San Miguel, en Sibaté, Cundinamarca.
En la grabación, la Fiscalía dijo que hace “justicia contra quienes se han camuflado bajo la protesta social para cometer actos vandálicos”.
Acompañado de las autoridades del departamento, el fiscal Francisco Barbosa hizo un acto público en el que anunció la captura de las cuatro personas a las que señala de haber incendiado y saqueado dicho peaje durante las protestas del pasado 3 de mayo.
Adicionalmente, calificó como “la decisión más relevante” el que “fueran incautados” los tres vehículos que la Fiscalía dice que usaron para provocar el incendio y saquear.
La Policía detalló que se trató de dos automóviles y un camión tipo furgón en los que los capturados huyeron por las trochas del municipio después del incendio.
Barbosa señaló que los carros y cualquier bien que sea usado para cometer delitos podrá ser incautado. Estos son algunos de los videos en los que quedó registrado el hecho:
El ente investigador detalló que recogió pruebas de que los 4 capturados llegaron al lugar, “intimidaron al personal de la concesión vial, prendieron fuego a las castas de recaudo y hurtaron los elementos de valor de las taquillas”.
La Policía, por su parte, detalló en un comunicado que los capturados se reunieron en la vereda Pericos de Sibaté para ponerse de acuerdo y posteriormente desplazarse, encapuchados, hacia el peaje San Miguel.
“Las labores de inteligencia e investigación criminal permitieron identificar que una vez los vándalos llegaron en sus vehículos al peaje, arremetieron contra las instalaciones del mismo, obligando a los operarios para dejar de hacer sus funciones y así encender con gasolina y heno el cubículo de operación”, añadió la institución.
Por todo ello, a estas cuatro personas les serán imputados los delitos de daño en bien ajeno, incendio y hurto agravado, y pueden enfrentarse a una pena hasta de 8 años de prisión.
El mobiliario, los equipos de cómputo y los circuitos cerrados de televisión que fueron destruidos están avaluados en más de 700 millones de pesos.
Este es el video con el que la Fiscalía hizo el anuncio y explicó el caso:
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