Alertan por nuevo impuesto que les quieren clavar a dueños de viviendas y otros inmuebles

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Fenalco ha manifestado su rechazo al proyecto de resolución del IDU que busca establecer un cobro por el aprovechamiento los antejardines en inmuebles privados.

Fenalco Bogotá Cundinamarca ha manifestado su rotundo rechazo al proyecto de resolución del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que busca establecer un cobro por el aprovechamiento de los antejardines en inmuebles privados. Según el gremio de comerciantes, esta medida desconoce el hecho de que estos espacios no son propiedad del Distrito, sino de los dueños de los inmuebles.

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, expresó su preocupación al respecto, señalando que “los antejardines son propiedad privada y ya tributan a través del impuesto predial. Sin embargo, el Distrito los está considerando como bienes de uso público para imponer cobros adicionales, lo que contradice el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución Política de Colombia”.

(Vea también: Empresarios tildan de “populista” aumento del salario mínimo y advierten colapso en 2025)

Además del cobro injustificado, el proyecto del IDU impone una serie de trámites y permisos que Fenalco considera engorrosos e innecesarios, lo que va en contra de la política de simplificación de trámites establecida en el Plan Distrital de Desarrollo. Asimismo, el proyecto plantea instaurar un control policivo sobre estos espacios, cuando el artículo 139 del Código Nacional de Policía establece que los antejardines no son espacio público.

En respuesta a esta iniciativa, Fenalco ha enviado observaciones formales al IDU solicitando el retiro de este cobro y exigiendo el respeto por el derecho de los propietarios sobre sus bienes. El gremio de comerciantes enfatiza que esta medida afectaría negativamente a los propietarios, generando costos adicionales sin fundamento legal.

Con esta postura, Fenalco Bogotá Cundinamarca reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los comerciantes y ciudadanos, exigiendo que las políticas públicas respeten el derecho a la propiedad privada y no impongan cargas adicionales sin justificación.

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