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La administración de Gustavo Petro busca evitar que la compañía Air-e, que está en proceso de intervención, sea devuelta a sus dueños luego de su recuperación.
El Gobierno de Colombia sigue avanzando en su estrategia para recuperar la empresa de distribución de energía Air-e, actualmente bajo intervención estatal debido a su crítica situación financiera. La decisión de adquirir la compañía busca evitar que sea devuelta a sus propietarios originales y garantizar la estabilidad del servicio para más de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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Esta semana, el Gobierno definió un plan de acción con el objetivo de sanear las finanzas de Air-e y aliviar las tarifas para los consumidores. En una reunión, el ministro de Hacienda, Diego Guevara; el agente interventor de Air-e, Edwin Palma; y el superintendente de Servicios Públicos, Libardo Márquez, se discutieron las medidas necesarias para enfrentar la crisis de la empresa, detalló El Tiempo.
Dentro de la estrategia se contemplan dos acciones fundamentales:
Con estas inyecciones de recursos, el Gobierno busca estabilizar la operación de la compañía y evitar que los usuarios enfrenten mayores dificultades en el acceso a la energía.
El diagnóstico sobre la situación de Air-e revela un panorama complejo. La empresa enfrenta deudas que ascienden a $ 800.000 millones, de los cuales $ 400.000 millones corresponden a compromisos con generadoras térmicas.
Además, ha tenido cuatro períodos consecutivos con indicadores financieros negativos, retrasos en inversiones en redes y serios problemas de liquidez que comprometen su operación diaria.
A pesar de estos problemas, la liquidación de la empresa no es un hecho definitivo. La intervención estatal busca explorar soluciones que permitan su recuperación y continuidad operativa, garantizando el suministro de energía en las regiones donde opera.
Ante la crisis financiera, el Gobierno considera que su adquisición podría representar una oportunidad para estabilizar la empresa y fortalecer su estructura operativa. Sin embargo, la decisión final dependerá de los resultados de las evaluaciones en curso y de la viabilidad de las soluciones que serán presentadas en las próximas semanas.
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