Dueños de perros pagarían más de $ 700.000 por documento obligatorio que muchos no tienen

En Colombia, la tenencia de mascotas se ha incrementado notablemente en los últimos años. Para muchas personas, los animales de compañía se han integrado de manera significativa a la dinámica familiar, lo que plantea nuevos retos en cuanto a su cuidado y convivencia en espacios públicos.

En este contexto, la tenencia responsable de una mascota implica garantizar condiciones adecuadas tanto para el bienestar del animal como para la seguridad del entorno. Por ello, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, junto con la Ley 746 de 2002, establece disposiciones específicas para la posesión de perros de manejo especial, comúnmente denominados perros potencialmente peligrosos. Estas normativas buscan regular su tenencia y sancionar a quienes incumplen los lineamientos establecidos.

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Entre las principales obligaciones para los propietarios de estos animales se encuentran:

• Sacar al perro con correa.
• Si pertenece a una raza considerada de manejo especial, debe usar bozal.
• Incluso si el perro ha sido entrenado, debe cumplir con ambas exigencias.

Algunas de las razas clasificadas dentro de esta categoría son: Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Fila Brasileiro, Bullmastiff y Dóberman, entre otras. Los propietarios de estos ejemplares están en la obligación de cumplir con las normas establecidas para evitar riesgos y sanciones.

¿Cuál es el documento que deben tener las personas con perros de cuidado especial?

Uno de los requisitos fundamentales para quienes poseen este tipo de mascotas es el registro en el censo de perros de manejo especial, trámite que debe realizarse en la Alcaldía correspondiente a su lugar de residencia, ya sea en zonas urbanas o rurales. Este documento permite identificar al animal y vincularlo legalmente con su dueño, facilitando la aplicación de responsabilidades en caso de incidentes.

El registro debe contener información precisa, como el nombre del perro, dirección del propietario, lugar donde residirá el animal, y la función que cumple (por ejemplo, protección o guardia). Asimismo, deben detallarse las características físicas del animal para facilitar su identificación.

Además del registro, el propietario está obligado a adquirir una póliza de responsabilidad civil extracontractual, la cual debe cubrir eventuales daños que el perro pueda ocasionar a personas, animales, objetos o bienes. Este seguro es un requisito indispensable para completar el trámite de registro.

Otro aspecto esencial es el certificado de vacunación y sanidad del animal, expedido por la Secretaría de Salud Distrital o Municipal, según el lugar de residencia. El esquema de vacunación debe estar actualizado, garantizando así la salud pública y del propio animal.

El incumplimiento de estas disposiciones conlleva consecuencias legales. La normativa vigente establece que los propietarios que no realicen el registro -el cual debe actualizarse anualmente- serán responsables de cubrir la indemnización integral por los daños causados por su mascota. Además, en caso de un ataque, las autoridades pueden imponer sanciones económicas que equivalen a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes que corresponden a $ 759.200 en 2025. En situaciones graves, el perro puede ser decomisado.