Dian le cayó a Ecopetrol por una plata que debe: corresponde a IVA de ventas claves

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) le exigió a Ecopetrol el pago de 9,4 billones de pesos por concepto de IVA sobre combustibles importados entre 2022 y 2024, suma que podría aumentar hasta 22 billones de pesos si se extiende al ACPM.

Esta medida, basada en un concepto jurídico que ordena el cobro retroactivo, fue calificada como un “golpe financiero” por el sindicato petrolero USO, que advierte que podría comprometer la estabilidad de la empresa.

(Vea también: Movida de la Dian sacará plata extra a más de 1.200 conjuntos y pone a penar a residentes).

Según el sindicato, la Dian está interpretando de forma sesgada el Estatuto Tributario y usurpando funciones del Congreso.

La medida ha generado alarma dentro de Ecopetrol, donde se estudian implicaciones legales y se consulta con el Ministerio de Hacienda.

Para la USO, esta decisión equivale a imponerle a la compañía una reforma tributaria individual, lo que obligaría a recortar inversiones y operaciones clave.

En contraste, sectores del Gobierno ven en este cobro una forma de aliviar la crisis fiscal del país. Ecopetrol aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero se espera que lo haga en los próximos días, mientras crecen las tensiones por el futuro financiero de la petrolera estatal.

Por qué Ecopetrol debe pagar el IVA a la Dian

Ecopetrol, como empresa dedicada a la producción, importación y comercialización de hidrocarburos, está sujeta al cumplimiento de las normas tributarias vigentes en Colombia. Uno de los aspectos más relevantes en la reciente controversia con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) es la exigencia de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los combustibles que ha importado y vendido. Aunque tradicionalmente algunos productos como los combustibles han tenido tratamientos tributarios especiales, la Dian ha interpretado que Ecopetrol debe cancelar el IVA correspondiente a dichas importaciones, argumentando que no cumplen con las condiciones para ser exentas o excluidas de este impuesto, especialmente cuando se comercializan en el mercado interno o incluso cuando se exportan si no se documenta adecuadamente su destino.

La razón principal por la que la Dian exige el pago del IVA radica en la aplicación estricta de las normas del Estatuto Tributario colombiano. Según esta entidad, Ecopetrol ha realizado importaciones de gasolina y ACPM entre 2022 y 2024 que no fueron debidamente sometidas al gravamen del IVA bajo los términos legales. La Dian considera que la empresa no aplicó correctamente las exenciones o exclusiones y, por tanto, se configura una omisión que debe ser subsanada mediante el pago retroactivo de este impuesto. Este criterio ha sido respaldado por un concepto jurídico interno que sostiene que el combustible, al ser un bien tangible importado, genera la obligación tributaria desde el momento en que ingresa al país, salvo que se destine exclusivamente a operaciones de exportación debidamente soportadas. Sin embargo, si el producto se comercializa localmente o se reexporta sin cumplir los requisitos formales de las normas aduaneras y tributarias, el IVA se vuelve exigible.

Cuáles son las prácticas que la Dian castiga sobre el IVA

Además, el enfoque de la Dian responde a la necesidad de corregir lo que considera prácticas fiscales inadecuadas que han generado evasión o elusión de impuestos. Desde su perspectiva, estas omisiones no solo afectan el recaudo del Estado, sino que también generan distorsiones en el mercado, al otorgar ventajas competitivas indebidas.

Así, al exigir el pago de los 9,4 billones de pesos inicialmente y con posibilidad de ampliar la cifra, la Dian busca fortalecer la legalidad tributaria y aumentar los ingresos fiscales en un contexto de dificultades financieras para el Gobierno nacional.

Aunque la medida es controversial y ha sido cuestionada por Ecopetrol y sindicatos como la USO, desde el punto de vista legal y fiscal, la Dian considera que su actuación se ajusta a la normativa vigente y que corresponde a la empresa acatarla o sustentar su posición en los tribunales.