Gobierno y gobernadores enfrentan debate clave por nuevo impuesto al licor: ¿qué cambia tras la emergencia?

El próximo lunes 19 de enero, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recibirán a los gobernadores del país en una sesión que se desarrollará en la sala Antonio García Nossa, ubicada en la sede del Ministerio en Bogotá. La convocatoria, pautada para las 8:00 de la mañana, tiene como propósito despejar inquietudes frente a los alcances y repercusiones del Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la Emergencia Económica y Social recientemente decretada por el Gobierno nacional.

La importancia de la reunión radica en que, a raíz de la publicación del decreto, surgieron dudas sobre el impacto del nuevo Impuesto al Consumo de licores. Este tributo fue elevado del 5% al 19%, lo que motivó que 17 gobernadores, reunidos en una cumbre extraordinaria en Bogotá, manifestaran su oposición y alertaran sobre la posibilidad de no aplicar la medida en sus respectivos departamentos. Los gobernadores expresaron su preocupación ante la eventual afectación de las finanzas regionales, teniendo en cuenta la relevancia de estos recursos para la inversión pública en sectores clave.

Sin embargo, en un comunicado conjunto, tanto el Ministerio como la Dian insistieron en que el Decreto 1474 preserva la gestión y autonomía de las rentas departamentales, asegurando la sostenibilidad financiera de los gobiernos y el cumplimiento de sus compromisos presupuestales. Según estos organismos, la arquitectura normativa del decreto mantiene el manejo local de los ingresos generados y no introduce modificaciones que vulneren la autonomía fiscal de los entes territoriales.

Este respaldo institucional se refuerza con la referencia a un estudio del Banco Mundial, divulgado en septiembre de 2025 y titulado Impuestos sanitarios en Colombia. El informe concluye que el aumento del impuesto al consumo propuesto por el gobierno no compromete la estabilidad de las finanzas departamentales, ya que contempla fuentes temporales, extraordinarias y proporcionadas con el objetivo de enfrentar la coyuntura nacional sin menoscabar la prestación de servicios esenciales ni alterar el equilibrio fiscal local.

Además, el Ministerio de Hacienda y la Dian subrayan que el decreto respeta el principio de "colaboración armónica" entre el gobierno central y las entidades territoriales. También se garantiza la destinación específica de las rentas obtenidas a sectores prioritarios como la salud, la educación y el deporte, lo que da tranquilidad respecto al uso de estos recursos públicos en el bienestar social. El diálogo propuesto busca, por tanto, aclarar las dudas y fortalecer la coordinación institucional en este momento de ajuste fiscal y legal.

Frente a este nuevo escenario, la expectativa se centra en la disposición de los gobernadores para entablar un diálogo abierto y técnico, así como en la capacidad del Gobierno nacional para sustentar, con evidencia y transparencia, el alcance y los beneficios de sus decisiones en materia de política fiscal.

¿Qué implica la Emergencia Económica y Social declarada por el Gobierno?

Esta pregunta surge ante la preocupación general sobre las consecuencias legales, sociales y financieras de la Emergencia Económica y Social decretada el 22 de diciembre de 2025, mediante el Decreto 1390. Su declaración faculta al Gobierno nacional para implementar medidas extraordinarias, normalmente restringidas por la Ley, dirigidas a atender situaciones excepcionales que afectan la estabilidad económica del país. Así, el contexto de esta emergencia da marco a las decisiones en materia tributaria, como el aumento del impuesto al consumo de licores.

Resulta relevante entender el alcance y las limitaciones de la emergencia, pues toda medida adoptada en este periodo excepcional tiene efectos directos sobre la autonomía de los gobiernos departamentales, la financiación de servicios públicos y el ejercicio de competencias fiscales en el país. Por ello, la reunión entre el Ministerio, la Dian y los gobernadores reviste especial trascendencia no solo para el sector licorero, sino para el funcionamiento integral del Estado en tiempos de crisis.