Famosa empresa que presta plata en Colombia cometió errores graves y la SIC tomó decisión

Entre los errores que cometió la empresa está el de suministro de información confusa y engañosa sobre los plazos de pago de créditos.

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de ciento treinta millones ochocientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y ocho pesos ($ 130.842.548) a la sociedad Construir Comundo S.A.S. en Liquidación. La sanción responde a diversas infracciones que afectaron los derechos de los consumidores en el uso de plataformas digitales de crédito.

Entre las irregularidades detectadas durante la investigación se destacan el suministro de información confusa y engañosa sobre los plazos de pago de créditos en las aplicaciones Popcash, Eastbay y 360 Crédito. Además, se evidenciaron deficiencias en la información proporcionada respecto a los cobros por el uso de estas plataformas, así como fallas en los procesos de cobranza y desembolso de los créditos otorgados.

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Otro hallazgo relevante fue la inclusión de cláusulas abusivas en los términos y condiciones de uso de las aplicaciones, afectando el derecho de los consumidores a condiciones contractuales equitativas. Asimismo, la empresa incumplió las regulaciones del comercio electrónico al no contar con mecanismos adecuados para la radicación de peticiones, quejas o reclamos, ni disponer de un enlace visible para acceder a la Superintendencia.

La investigación se originó a partir de 13 denuncias presentadas por usuarios de las mencionadas plataformas, sumadas a una declaración juramentada de una usuaria y visitas de inspección realizadas por el Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital de la Superintendencia.

Esta decisión tiene un impacto significativo en la protección de los consumidores, reforzando la obligación de brindar información clara sobre créditos, garantizar procesos de cobranza y desembolso justos, y eliminar cláusulas abusivas en los contratos.

Contra esta resolución proceden los recursos de reposición ante la directora de investigaciones de protección al consumidor y apelación ante la superintendente delegada para la protección del consumidor.