Suspensión del alza al salario mínimo desata incertidumbre: empresarios y trabajadores, en vilo en Colombia

La reciente decisión del Consejo de Estado de Colombia de suspender provisionalmente el decreto que estableció un aumento del 23,7% en el salario mínimo ha dejado a empresarios y trabajadores en una situación de incertidumbre, tal como reflejan las consultas de Francy Elena Londoño, recepcionista en una empresa privada, y las inquietudes compartidas por distintos gremios económicos. Según lo informado por LA PATRIA, la suspensión obliga al Gobierno a expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, lo que plantea múltiples interrogantes sobre la continuidad de los pagos, la devolución de sumas ya entregadas y el impacto general en la economía empresarial y laboral.

La sorpresiva medida ha generado desconcierto entre responsables de recursos humanos, como lo menciona Marta, jefe de esa área en la misma entidad, quien explica que se han pagado ya dos quincenas bajo el incremento y que las erogaciones efectuadas no serán restituidas. Empresarios consultados al respecto confirman que la incertidumbre reina, pues buena parte de los costos operativos –como materias primas y servicios– están indexados al nuevo salario, y revertir estos ajustes resulta complejo tanto técnica como administrativamente.

Germán Olarte, presidente del Grupo Siteco, sostiene que las continuas modificaciones legales solo aumentan la confusión, afectando tanto a empresarios como empleados. Olarte destaca las dificultades que entraña comunicar a los trabajadores una eventual reducción del salario, así como el caos que supone intentar revertir los costos ya trasladados al mercado por el alza de insumos y servicios como arriendos y administración de condominios. Para él, la situación atenta contra la estabilidad jurídica y desalienta nuevas inversiones en el país.

La posición frente a la coyuntura no es unánime. Desde la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), su presidente Bruce Mac Master reconoció los efectos económicos y sociales de la subida, haciendo énfasis en la necesidad de tomar precauciones para no afectar derechos ya adquiridos de los trabajadores y minimizando las consecuencias negativas. Mientras tanto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció movilizaciones en defensa de los incrementos logrados, afirmando que la calle será el escenario para exigir el respeto de estas conquistas sociales y de las reformas asociadas.

En este contexto de limbo jurídico, la Cámara de Comercio recomendó a los empresarios mantener los pagos tal como están mientras el Gobierno emite un nuevo decreto, señalando que los desembolsos ya realizados no requerirán modificación. Un sondeo de la entidad reflejó que pequeñas y medianas empresas han priorizado medidas como el alza de precios, reducción de personal y aplazamiento de contratos para enfrentar el impacto inflacionario y los mayores costos laborales. La micro y pequeña empresa se han visto especialmente afectadas, considerando que en casi la mitad de los casos la mayoría de su planta laboral percibe el salario mínimo vigente.

Al interior de negocios locales como Pastelería La Suiza, Kiskiriskis, Tauro Mar y Bata, las estrategias implementadas han implicado desde la ampliación de horarios y promociones hasta el ajuste de precios y la reducción de personal, mientras las empresas buscan sostener el empleo a pesar del desafiante panorama. El testimonio de varios administradores indica la voluntad de preservar al máximo los puestos de trabajo sin recurrir a despidos, aunque en algunos casos la reducción de la plantilla ha sido inevitable ante la falta de estabilidad jurídica y el incremento de costos.

La discusión continúa, con posiciones críticas como la del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien calificó de “surrealista” la decisión judicial y afirmó que afecta directamente a la clase trabajadora, señalando influencias de élites sobre las instituciones. Mientras se resuelve el litigio, la recomendación general es la de mantener calma, esperar directrices jurídicas claras y asegurar la protección de los derechos de los empleados y empleadores.

¿Cómo afectará la suspensión del decreto de salario mínimo a las negociaciones futuras entre empresarios, trabajadores y gobierno?

Esta pregunta adquiere relevancia en vista del ambiente de desconfianza que han manifestado tanto empresarios como sindicatos tras la decisión del Consejo de Estado. Si bien la jurisprudencia resultante podría sentar bases más claras para futuras fijaciones salariales, el limbo actual visibiliza la necesidad de consensos sólidos, reglas de juego estables y mayor previsibilidad para todas las partes involucradas.

La resolución y sus efectos inmediatos no solo impactan a quienes dependen directamente del salario mínimo, sino que también determinan el rumbo de la negociación tripartita en Colombia. La forma en que se gestione el reemplazo del decreto y la eventual respuesta a la protesta social definirán en gran medida la confianza de los inversionistas y la estabilidad del empleo en el país a corto y mediano plazo.