Escándalo por cómo producen el Chocoramo: exponen hacinamiento y "estrés extremo" de animales

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Noticias Uno hizo público un informe que incluye la respuesta de la empresa sobre la producción de estos ponqués. La compañía dice que cumple con todo.

El Chocoramo, el Gala y el Gansito son más que simples ponqués; son parte de la identidad cultural de Colombia. Sin embargo, un reciente escándalo ha puesto en duda la ética detrás de estos productos. Un informe revelado por Noticias Uno, basado en una investigación de la ONG internacional Sinergia Animal, ha dejado al descubierto las condiciones en las que viven las gallinas ponedoras en la granja Avinza, ubicada en Cachipay, Cundinamarca, propiedad de la emblemática empresa Ramo.

La investigación documentó mediante videos lo que muchos consideran una escena de pesadilla: más de 600,000 aves confinadas en las denominadas “jaulas en batería”. Según los denunciantes, estos animales pasan toda su vida en espacios no mayores a una hoja de papel, donde no pueden realizar comportamientos naturales básicos como caminar, estirar las alas por completo, anidar o picotear el suelo.

Expertos del Welfare Footprint Institute señalan que este sistema de producción intensiva genera niveles de estrés tan altos que las aves sufren de osteoporosis, fracturas e incluso episodios de canibalismo. En el video se observan animales ensangrentados, con colapsos proacales (donde el recto no puede cerrarse tras poner huevos de gran tamaño) y aves muertas compartiendo el mismo espacio con las que aún producen huevos para los ponqués más vendidos del país.

El punto central del escándalo es el uso de sistemas que ya son ilegales en la Unión Europea, Nueva Zelanda, Canadá y varios estados de EE. UU. En estos países, la legislación ha evolucionado para prohibir las jaulas en batería, exigiendo sistemas “libres de jaula” o con enriquecimiento ambiental.

En Colombia, la situación es distinta. Aunque existe la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y no como cosas, la regulación específica para la industria avícola es mucho más laxa. La normativa actual, vigilada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se enfoca principalmente en la bioseguridad y la inocuidad alimentaria (que el huevo no esté contaminado) más que en el bienestar emocional o comportamental del animal.

Ramo se defiende asegurando que cumple con la legislación colombiana vigente. De hecho, la compañía presentó una certificación del ICA con fecha de noviembre de 2025 que valida sus procesos de bienestar animal bajo los estándares locales actuales. El problema, según los activistas, no es que Ramo esté incumpliendo la ley, sino que la ley colombiana permite prácticas que la ciencia moderna ya considera crueles.

La denuncia no solo se queda en el maltrato. Sinergia Animal alertó sobre posibles riesgos para la salud pública debido a la acumulación de heces debajo de las jaulas, lo que podría generar focos de infección.

Por su parte, Ramo ha manifestado que, aunque cumplen con la normativa, están abiertos al diálogo y han iniciado espacios de conversación con la ONG para evaluar una transición paulatina hacia sistemas más respetuosos.