Colpensiones hace crucial petición a la Corte sobre reforma pensional: propone fecha clave para 2028

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La entidad solicitó que el nuevo sistema entre en vigencia el primero de abril de 2028 y no en la fecha prevista actualmente por la Corte Constitucional.

Colpensiones le pidió este martes 22 de septiembre a la Corte Constitucional modificar la fecha de entrada en vigencia de buena parte de la reforma pensional y trasladarla del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2028.

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La solicitud fue presentada ante la Sala Plena mediante una petición de modulación temporal de la Sentencia C-264 de 2026, fallo con el que la Corte resolvió buena parte de las demandas contra la Ley 2381 de 2024.

La entidad no está solicitando que se cambie el contenido de la decisión de la Corte ni está cuestionando la constitucionalidad de las disposiciones que fueron declaradas exequibles. Su planteamiento está concentrado en el tiempo que tendría para poner en funcionamiento el nuevo sistema.

En el documento, Colpensiones sostiene que el plazo fijado actualmente no sería suficiente para completar las adecuaciones que requiere la reforma en materia tecnológica, operativa, financiera e institucional.

La Corte había establecido el primero de abril de 2027 como fecha de entrada en vigencia de las normas del nuevo sistema que fueron declaradas exequibles. Según el alto tribunal, ese periodo de aproximadamente ocho meses constituía un plazo prudencial para que Colpensiones, las AFP y otros actores realizaran los ajustes necesarios.

¿Por qué Colpensiones quiere aplazar la reforma pensional?

La administradora sostiene que necesita más tiempo para preparar los procesos que permitirán poner en funcionamiento el nuevo modelo pensional. Entre los retos que menciona están los ajustes tecnológicos, la integración de información, la homologación de historias laborales y la puesta en marcha de los nuevos procedimientos que implicaría la reforma.

Colpensiones también advierte sobre la magnitud del proceso de transición y los posibles riesgos que podrían aparecer si los diferentes actores del sistema deben ejecutar los cambios en un periodo que consideran insuficiente.

En su solicitud, la entidad plantea que un año adicional permitiría avanzar en las adecuaciones necesarias y reducir los riesgos operativos, financieros y tecnológicos asociados con la implementación.

La petición también apunta a proteger a los afiliados, pensionados y beneficiarios del sistema frente a eventuales dificultades durante la transición. Ese argumento aparece ligado en el documento a derechos como la seguridad social, el mínimo vital y la confianza legítima.

La solicitud tiene además una petición subsidiaria.

Si la Corte Constitucional no considera procedente trasladar la entrada en vigencia exactamente hasta el primero de abril de 2028, Colpensiones pidió que sea la propia Sala Plena la que determine un periodo adicional que considere suficiente para completar las adecuaciones necesarias.

Para establecer ese plazo, la entidad propone tener en cuenta los insumos técnicos que puedan aportar las instituciones involucradas y otros intervinientes.

Colpensiones también pidió que en el trámite sean vinculados el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y Asofondos, con el propósito de que presenten información técnica, económica y regulatoria relacionada con una eventual modificación del calendario.