Colegios privados encienden alarmas y padres pagarían consecuencias: jugada del Gobierno no gustó

La Mesa Nacional de Educación Privada (Mnep), que agrupa a las principales asociaciones de colegios privados de Colombia, pidió a las instituciones abstenerse de usar la nueva ‘Guía 4 V11’ del Ministerio de Educación, documento que define los incrementos en matrículas y pensiones.

Según la Mnep, citada por La República, esta guía fue publicada sin concertación con el sector, contiene errores graves y preguntas que no se relacionan con la gestión educativa.

El coordinador de la Mnep, Pedro Luis Espinosa, advirtió en ese diario que su aplicación clasificaría injustamente a muchos colegios en el Régimen Controlado, limitando el aumento de tarifas únicamente al Índice de Precios al Consumidor, lo que afectaría los ingresos y la sostenibilidad de las instituciones.

Esto podría impedir el pago adecuado de salarios y comprometer la calidad educativa. En caso de rechazar la guía del Gobierno, los que pagarían serían los padres ya que los incrementos estarían por encima de lo establecido por el Ministerio.

La Mnep asegura que los acuerdos alcanzados con el Ministerio el 27 de agosto no se cumplieron, lo que impidió construir una propuesta tarifaria concertada para 2026. Además, denuncia que la guía incluye exigencias poco viables y temas ajenos a la educación, como asuntos sanitarios.

Por ello, solicita una mesa de trabajo urgente con el Ministerio y un diálogo respetuoso que permita ajustar el documento antes de su aplicación.

Cómo se tasan las matrículas de colegios privados en Colombia

En Colombia, la tasación de la matrícula en los colegios privados está regulada por el Ministerio de Educación Nacional, que cada año establece los criterios y topes para los incrementos.

El punto de partida para calcular el aumento es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último año, que determina el porcentaje base que puede aplicarse. A partir de ese valor, los colegios pueden sumar puntos porcentuales adicionales si cumplen con ciertas condiciones relacionadas con la calidad educativa y la gestión institucional.

Entre los factores que permiten un aumento superior al IPC están el nivel de calidad del colegio, medido según el régimen al que pertenece (controlado, vigilado o regulado), el índice de permanencia escolar, que refleja la continuidad de los estudiantes, y la inclusión de alumnos con discapacidad, reconocida oficialmente.

También influye el cumplimiento en la remuneración de los docentes conforme al escalafón profesional establecido. Estos criterios buscan incentivar la mejora continua en la educación privada y garantizar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de los colegios y la protección de los derechos de las familias.

El Ministerio fija un límite máximo de incremento que cada institución puede aplicar, el cual varía cada año. Por ejemplo, los aumentos recientes se han ubicado entre aproximadamente el 5 y el 9 por ciento, según los resultados y características de cada colegio.

Además, se prohíbe exigir a los padres la compra de uniformes, útiles o textos de marcas específicas, y los servicios complementarios, como transporte o alimentación, solo pueden cobrarse si son voluntarios y previamente aceptados. De esta manera, se busca mantener la transparencia y equidad en los cobros educativos del sector privado.