Destapan cartel de la carne en Colombia: SIC abre pliego de cargos contra 6 empresas

Economía
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Escrito por:  Redacción Economía
Actualizado: 2021-09-20 08:06:25

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció una investigación contra 6 empresas y 12 personas por presuntamente crear un sistema anticompetitivo.

Esa entidad aseguró que el pliego de cargos se formulará contra: Prosan S.A. (en liquidación), Surtipiel S.A.S., Agrosan S.A.S., Charry Trading S.A.S., Frigocentro S.A. y Cercaldas S.A.S.

La SIC detalla que las 6 empresas incurrieron en “presunta cartelización” en la distribución y comercialización de productos bovinos y porcinos en Manizales y otros municipios de Caldas.

Asimismo, la Superintendencia agregó que se investigarán a 12 personas naturales vinculadas a las empresas. Esto, para determinar quiénes serían los responsables de la cartelización. (Vea también: Millonaria multa contra droguerías Olímpica por dárselas de abeja con sus clientes).

Las personas a las que se les formulará el pliego de cargos son:

  • Jorge Hernán Toro Mejía (representante legal de Prosan, representante legal y accionista de Cercaldas y representante legal de Frigocentro).
  • Luis Felipe Toro Mejía (representante legal suplente de Prosan, representante legal suplente y accionista de Cercaldas y representante legal de Frigocentro).
  • John Jairo Dávila Alvarado (asesor comercial de Prosan).
  • Albino Giraldo Jiménez (representante legal y accionista de Surtipiel).
  • Ana Graciela Giraldo Jiménez (gerente de Surtipiel).
  • Adolfo Charry Martínez (representante legal y accionista de Charry Trading).
  • Diomer Alberto Valencia Giraldo (gerente de abastecimiento de Agrosan).
  • José Julián Betancur Montoya (miembro de junta directiva de Agrosan).
  • Rubén Darío Montoya Ochoa (accionista –para la época de los hechos– de Agrosan).
  • Francisco Álvaro Montoya Ochoa (accionista –para la época de los hechos– de Agrosan).
  • Tatiana Botero Gutiérrez (gerente general de Frigocentro y contratista de Prosan).
  • Aurelio Calderón Marulanda (abogado asesor de Prosan).

Finalmente, la SIC añadió que, en caso de comprobarse la comisión de un delito, se multarán a las empresas con hasta 100.000 salarios mínimos. Por su parte, las personas naturales serían multadas con hasta 200.000 salarios mínimos.

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