Cambiarían reglas para miles de trabajadores que tienen contrato por prestación de servicios

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Según cifras de la Contraloría, cerca de 501.423 personas están vinculadas al Estado por medio de este tipo de contratos, así que el cambio sería mayúsculo.

Una iniciativa que busca modificar la contratación por prestación de servicios en las entidades públicas avanzó en el Congreso. El proyecto plantea nuevas obligaciones de planeación para evitar interrupciones contractuales y mejorar la continuidad de los pagos a quienes trabajan para el Estado.

La senadora Nadia Blel Scaff anunció la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 162 de 2026, que pretende establecer reglas para impedir la fragmentación injustificada de contratos durante una misma vigencia fiscal.

La propuesta busca que las entidades públicas no dividan contratos cuando correspondan a un mismo contratista, objeto y necesidad contractual. La intención es evitar que las instituciones celebren varias vinculaciones sucesivas para atender actividades que pudieron proyectarse desde el comienzo del año.

“Detrás de cada contratista hay una persona, una familia y un proyecto de vida”, manifestó Blel Scaff al referirse al avance de la iniciativa.

¿Qué cambiaría para los contratistas?

Uno de los principales ajustes estaría relacionado con la planeación de los contratos. El proyecto establece que las dependencias encargadas de elaborar los estudios previos deberán proyectar cuánto tiempo necesitan contratar un servicio, teniendo en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones de cada entidad.

Con esto, se busca reducir las interrupciones entre contratos que pueden dejar a los trabajadores sin remuneración durante determinados periodos, pese a que las actividades que desarrollan siguen siendo necesarias para el funcionamiento de las instituciones.

La exposición de motivos menciona casos de contratistas que prestan servicios durante 12 meses, pero reciben pagos correspondientes únicamente a siete u ocho meses, debido a las interrupciones entre vinculaciones.

El documento también advierte que estas prácticas pueden afectar la continuidad de las labores en las entidades públicas y las condiciones económicas de quienes prestan sus servicios.

Habría sanciones para funcionarios

El proyecto contempla consecuencias disciplinarias para los servidores públicos que incumplan las disposiciones sobre fragmentación contractual.

Según el articulado, estas conductas podrían dar lugar a sanciones como remoción o destitución, conforme a las disposiciones del Código General Disciplinario, establecido mediante la Ley 1952 de 2019.

Sin embargo, la iniciativa aclara que no pretende modificar la naturaleza jurídica de los contratos de prestación de servicios ni convertirlos en una herramienta para reemplazar empleos públicos.

“Con esta iniciativa no buscamos cambiar la naturaleza de los contratos de prestación de servicios ni que se usen para remplazar empleos públicos”, señaló la congresista.

El documento también cita un estudio del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y la Alianza EFI. Según esa investigación, el 57,6 % de los contratistas consultados aceptaría un trabajo asalariado, mientras que el 31,9 % valoraba la independencia y flexibilidad de horarios.

Blel Scaff señaló que la propuesta busca mejorar la planeación, el uso de los recursos públicos y las condiciones de quienes trabajan para el Estado.

Aunque el proyecto ya superó su primer debate, todavía debe continuar su trámite legislativo antes de convertirse en ley. Por ahora, las disposiciones planteadas no constituyen reglas vigentes para los contratistas públicos.