Aumento histórico del salario mínimo en Colombia: ¿alivio para unos, desafío para otros en 2026?

El anuncio del aumento del 23,7 % en el salario mínimo en Colombia para 2026 ha marcado un hito en la política laboral nacional al tratarse de uno de los incrementos más elevados de los últimos años. Esta medida, según el documento técnico expuesto por Juan Carlos Vásquez, coordinador del Observatorio Económico de la Secretaría de Hacienda de Armenia, significa un respiro para una amplia franja de la población trabajadora. Sin embargo, el alza salarial va más allá de los bolsillos de quienes lo perciben directamente, ya que está vinculado con numerosos componentes del sistema económico colombiano.

El salario mínimo en Colombia no solamente determina el ingreso base de millones de empleados, sino que también opera como un indicador esencial para calcular precios, tarifas, multas y pagos de diversos servicios, señalan desde el Observatorio Económico de Armenia. Por lo tanto, el reciente incremento del 23,7 % incide en una multiplicidad de áreas, repercutiendo en una cascada de reajustes inmediatos y automáticos dentro del tejido económico due a que muchas de estas tarifas y valores están definidos o anclados al salario mínimo.

Entre los sectores directamente afectados se cuentan las matrículas educativas, las multas de tránsito, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), seguros en general, consultas médicas particulares y copagos, así como servicios que dependen intensivamente de la mano de obra como peluquerías o talleres mecánicos. También el transporte intermunicipal y servicios de taxi han experimentado reajustes, como se observó en Armenia con el incremento en las tarifas de transporte urbano. De acuerdo con el informe, estos ajustes obedecen a la indexación al salario mínimo y no a negociaciones de precios; en otras palabras, son reajustes prácticamente automáticos.

Especial atención merece el sector vivienda, particularmente en lo que respecta a la Vivienda de Interés Social (VIS). El valor máximo permitido para estas viviendas está expresado en múltiplos del salario mínimo, en la actualidad de hasta 135 salarios mínimos. Tal como explicó Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), este aumento empuja al alza el techo de precios en pesos, encareciendo las alternativas de vivienda y afectando la asequibilidad especialmente para hogares con ingresos informales o variables. El impacto, de acuerdo con estimaciones preliminares del sector, podría reflejarse en un aumento del precio final del 10 % y, por otra parte, un incremento del 4 % en los costos totales de la construcción.

Herrera precisa que este ajuste genera, además, un efecto inmediato en la estructura de costos de la construcción, un sector especialmente sensible ya que la mano de obra representa el 25 % de los gastos directos, y las alzas se transmiten también a insumos y servicios asociados. De allí que, en la búsqueda de mejores salarios, surja el riesgo de frenar la creación de nuevos empleos, elevar la inflación y encarecer la vivienda social, lo cual podría terminar excluyendo a más familias de condiciones dignas de vivienda.

Desde el Observatorio Económico de Armenia se advierte que el aumento del salario mínimo tiene el efecto secundario de activar una inercia inflacionaria, especialmente porque muchos precios y tarifas se ajustan en simultáneo a partir de enero. Si bien los trabajadores formales beneficiados ven un incremento en su poder adquisitivo, otros grupos, como trabajadores informales o desempleados, enfrentan el alza en el costo de vida sin percibir un aumento salarial equiparable, lo que puede traducirse en mayor desigualdad y presión social.

¿Qué ocurre con los trabajadores independientes o informales tras el aumento del salario mínimo?

La situación de los trabajadores independientes o informales en Colombia adquiere relevancia particular ante el incremento del salario mínimo, ya que estos grupos suelen quedar por fuera de los beneficios directos del alza salarial. Según los análisis del Observatorio Económico de Armenia, aunque no perciben el aumento, deben afrontar el encarecimiento de bienes y servicios indexados al salario mínimo, afectando su capacidad adquisitiva.

Esto plantea desafíos adicionales sobre la equidad social y las condiciones de vida, puesto que una gran parte de la fuerza laboral colombiana se encuentra en la informalidad. Aumentos automáticos en costos de servicios, educación y trámites pueden acentuar el riesgo de exclusión, incrementando la brecha económica al interior de la sociedad, e invitando a una reflexión sobre cómo equilibrar el objetivo de mejores salarios con una mayor inclusión laboral.