Colombianos podrían estar pagando a $ 1.000 el kilovatio (por hora) a final del año

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, atiende este lunes 12 de septiembre en la Comisión Quinta del Senado un debate de control político en el que explica algunas de las acciones que se adelantarán desde la cartera para disminuir el alza de las tarifas de energía, tal como anticipó el Gobierno de Gustavo Petro.

El debate surgió luego que se conociera el dato de inflación de agosto y el impacto de las tarifas por kilovatio que pagaron los hogares colombianos para el mes, pues estas se ubicaron en un rango entre los $ 719 y los $ 897. De este modo, el incremento anual del costo de la electricidad para el mes estuvo en un promedio nacional de 25,9 %, mientras que la variación anual del IPC fue 10,84 %.

A su vez, el presidente Petro anunció que contempla la posibilidad de asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), para buscar alternativas que generen alivios para los usuarios ante la ola de precios altos del servicio público.

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Los senadores citantes del debate, en cabeza de José David Name, expresaron que en Colombia hay una ‘cartelización’ en cuanto a la manera cómo se calcula el costo de la energía en el país y la escasa competencia pues “solo seis compañías están a cargo de la generación (Enel, EPM, Celsia, Isagén, Tebsa y la Empresa de Energía de Pereira)”.

También cuestionaron el papel de XM-operador del mercado energético- como filial de ISA y parte, a su vez, de Ecopetrol, y la manera como se maneja el precio de energía en bolsa, los contratos indexados y los consecuentes impactos en las tarifas de los colombianos.

El senador Marcos Daniel Pineda dijo que se debe cambiar la fórmula con el que el indexador calcula el valor de generación y aplicar al componente de generación el índice de precios al consumidor.

Por su parte, la senadora Isabel Zuleta está de acuerdo con la intervención del Gobierno y la aplicación de los principios de solidaridad y eficiencia económica por parte de las empresas operadoras para aliviar las cargas y el alza en los precios de energía.

Vélez explicó que el gobierno implementará el Pacto por la Justicia Tarifaria, que anunció la semana pasada en el Congreso de Andesco, pues “venimos a resolver esos problemas”. En este destaca, sobre todo, que el IPP sea cambiado en los contratos indexados, pidiendo que hagan reconsideración en la forma como se han hecho los acuerdos ya establecidos en pro de cortar el efecto inflacionario.

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La ministra mencionó que cambiar el modelo económico es un asunto que mueve el piso de actores que han estado en una misma tendencia y que, según ella, “no ha beneficiado a la mayoría de los colombianos”.

En este sentido, dijo que la transición energética justa va de la mano con el Pacto por la Justicia Tarifaria, por lo que la urgencia es la democratización del sistema eléctrico desde la generación hasta la reducción de emisión de gases de efecto invernadero.

La ministra dijo que en los últimos seis meses el incremento de las tarifas de energía ha sido exponencial y en el año corrido va sobre el 14,6 %, por lo que a final de año el kilovatio por hora estaría rondando los $ 1.000, situación que lleva al Gobierno a actuar de manera pronta.

Este problema de las tarifas debe estar enlazado con una ruta de solución, no solo sobre la tarifa, sino que cambie el sistema eléctrico colombiano.

También reveló la ministra que lanzarán una hoja de ruta de transición energética con programación, etapas y procesos definidos en un plazo de cuatro semanas.