Alertan a empresas muy importantes en Colombia: afrontan un problema poco esperado

Las mipymes representan el 99,5 % del tejido empresarial colombiano y generan cerca del 80 % del empleo, aunque solo aportan entre el 35 y el 40 % del PIB.

Su supervivencia es frágil: solo un tercio supera los cinco años y su acceso al crédito es limitado.

(Vea también: Filtran poderosos negocios que tendrá empresa gigantesca en Colombia, aunque con riesgo).

La reciente reforma laboral introduce obligaciones como el inicio de jornada nocturna a las 7 p.m., mayores recargos dominicales y restricciones a contratos temporales, lo que, según gremios como Acopi y Asobancaria, eleva costos hasta un 6,4 % y podría aumentar la informalidad, especialmente en sectores como comercio, restaurantes y vigilancia.

Expertos coinciden en que, para fortalecer a las mipymes, es clave fomentar la formalización mediante incentivos y no sanciones, simplificar trámites, ofrecer beneficios fiscales progresivos y facilitar microcréditos con garantías y tasas razonables.

“Es fundamental que se prioricen acciones que incentiven la transición hacia la formalidad como establecer regímenes tributarios progresivos, con impuestos acordes al tamaño y etapa de las empresas; facilitar el acceso al crédito formal, mediante microcréditos con tasas razonables, garantías públicas y requisitos flexibles; continuar capacitando a los emprendedores en temas financieros, contables, legales y tecnológicos; y fomentar el uso de herramientas digitales para pagos, manejo de la contabilidad y ventas. Estas medidas no solo profesionalizan la operación, sino que también permiten tener una visión más clara del estado del negocio y tomar decisiones ágiles en función de las dinámicas del mercado”, explicó el gerente general de Arquib Experts, Juan Camilo Perafán.

También se destaca la importancia de capacitarlas en gestión financiera y digitalización para mejorar su competitividad.

Desde el sector financiero, se han destinado $79 billones en financiación a mipymes, incluyendo $34 billones para micro y pequeñas empresas y $2,7 billones al sector de economía popular.

Sin embargo, se advierte que, sin un enfoque equilibrado, la reforma podría contradecir su objetivo de formalizar el empleo y afectar el motor productivo más importante del país.