Crisis en la Nueva EPS: Alerta por colapso financiero que pone en riesgo la salud de millones de colombianos

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) ha emitido una alerta crítica dirigida al Gobierno nacional y a las entidades de control, advirtiendo sobre el deterioro acelerado que enfrenta la Nueva EPS. Este escenario no solo involucra números en rojo; la crisis financiera actual ha impactado de manera directa a los pacientes del sistema, quienes se ven cada vez más impedidos de acceder a tratamientos y servicios fundamentales de salud, según información recopilada por la misma Afidro.

Datos presentados por la Contraloría General de la República ilustran con precisión la magnitud del déficit: entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, la deuda de la Nueva EPS creció un 198 %, ascendiendo de 5,42 billones a 21,37 billones de pesos. Paralelamente, el patrimonio de la entidad mutó de un saldo positivo de 485.209 millones de pesos en 2022 a un déficit de 6,25 billones de pesos para el primer trimestre de 2025. La Contraloría califica esta situación con el término “inviabilidad estructural”, describiendo el colapso financiero al que ha llegado la organización.

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, expresó que la problemática trasciende lo contable y plantea riesgos vitales para quienes dependen del sistema de salud: “Lo que estamos presenciando con la Nueva EPS no es solo una crisis de balances contables, sino una crisis que pone en riesgo vidas humanas porque el sistema ha dejado de funcionar para quienes más lo necesitan”. Los pacientes, advierte Gaitán, quedan atrapados en medio de las fracturas económicas del engranaje de salud nacional.

Los efectos ya se reflejan a nivel nacional. Según se reporta, la falta de pagos ha llevado a que 95 instituciones prestadoras de salud interpongan embargos por un monto superior a 2 billones de pesos, situación que amenaza gravemente la continuidad de la atención que los pacientes requieren. Además, se ha identificado un incremento del 107 % en las quejas de usuarios ante la Defensoría del Pueblo en 2025, sumando 14.603 registros, demostrando barreras prolongadas para el acceso eficiente a los servicios y medicamentos esenciales.

De acuerdo con el informe de la Procuraduría General de la Nación, la intervención estatal de abril de 2024 no logró revertir este curso adverso. El costo de prestar servicios por parte de la Nueva EPS terminó por superar ampliamente los ingresos—del 95,6% en 2022 hasta la actual situación de crisis—afectando la sostenibilidad y la calidad de la atención, lo que repercute directamente en la vida de millones de usuarios.

En respuesta, Afidro insiste en la necesidad de colaboración entre todos los actores del sistema de salud y propone acciones concretas: convocar una Mesa Técnica de Emergencia con los principales entes del sector, asegurar pagos directos y trazables a prestadores y farmacias desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), implementar un plan de contingencia para proteger la continuidad de tratamientos críticos, y publicar la situación financiera y los indicadores de rendimiento a través de auditorías externas. La asociación urge a que se prioricen medidas orientadas al bienestar y la salud de los más de 11 millones de afiliados, cuya calidad de vida hoy depende de soluciones inmediatas y eficaces.

¿Qué significa “inviabilidad estructural” en el contexto de una EPS?
La expresión “inviabilidad estructural”, utilizada por la Contraloría General de la República, se refiere a la incapacidad fundamental de una Entidad Promotora de Salud (EPS) para operar de manera sostenible, debido a un déficit financiero que sobrepasa la posibilidad de autorecuperación en el corto o mediano plazo. Esto implica que, incluso con intervenciones temporales o nuevos recursos, la organización no lograría estabilizar sus finanzas ni garantizar la prestación efectiva de servicios a sus afiliados. La relevancia de este término radica en que evidencia problemas profundos que requieren reformas estructurales y acciones inmediatas, ya que su permanencia afecta tanto a millones de usuarios como a la estabilidad del sistema de salud del país.