¿Dónde quedaron 900.000 dólares de BTS? Lío por millonaria plata para cuidar grama de El Campín

La resaca del histórico paso de la agrupación surcoreana de K-pop BTS por Bogotá sigue dejando fuertes coletazos políticos y financieros, esta vez centrados en el polémico estado del terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín. Tras las dos masivas presentaciones que abarrotaron el escenario deportivo, la evidente destrucción de la gramilla desató un pulso de control político en el Concejo distrital, donde salieron a relucir millonarias cifras destinadas supuestamente a la preservación del césped que hoy tienen a la administración y a los concesionarios bajo la lupa.

En medio de una visita de inspección adelantada por una comisión especial de cabildantes, el concejal Juan David Quintero destapó una carta que encendió las alarmas fiscales. Según reveló el cabildante, la producción del evento musical desembolsó una suma cercana a los 900.000 dólares enfocada de manera exclusiva en la protección, el cuidado preventivo y el posterior mantenimiento del gramado. No obstante, al constatar el estado ruinoso en el que quedó la cancha, Quintero exigió respuestas inmediatas a Sencia, la empresa concesionaria a cargo de la administración del complejo mediante el esquema de Alianza Público-Privada (APP), sobre el paradero y la ejecución real de dichos recursos.

“Los empresarios del evento pagaron una cifra millonaria para garantizar que el terreno de juego no sufriera daños irreparables o fuera restaurado de inmediato. La ciudadanía y el fútbol bogotano necesitan saber en qué se gastó realmente ese dinero y por qué la cancha terminó destruida”, cuestionó con dureza el concejal durante su intervención en el escenario deportivo. La denuncia pone contra las cuerdas al operador, que semanas atrás ya había sido blanco de cuestionamientos públicos tras la venta de acciones de sus socios originarios por más de 85.000 millones de pesos, un movimiento financiero calificado por sectores críticos como un “negocio redondo” en detrimento de las garantías operativas para los equipos de fútbol profesional de la capital.

Por su parte, ante la presión institucional ejercida por los entes de control —incluyendo a la Contraloría de Bogotá y al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd)—, Sencia salió al paso de los señalamientos. A través de un pronunciamiento conjunto con la productora Páramo, la concesionaria defendió la legalidad de sus actuaciones al asegurar que el contrato y los costos asociados “forman parte de la operación habitual del escenario y buscan garantizar su cuidado y conservación”, implementando protocolos previos al montaje de estructuras. Pese a que el paso de la banda asiática dejó réditos económicos superiores a los 99.000 millones de pesos para la economía local en sectores como turismo y hotelería, el debate sobre la transparencia en la gestión de la infraestructura pública continúa abierto y promete nuevos capítulos en el Cabildo Distrital.