Conductores recibirían hasta $ 40 millones por daños causados por huecos en las vías

Los huecos, baches y fallas en las vías públicas, responsables de daños a vehículos y accidentes de tránsito, podrían convertirse en motivo de compensación económica para conductores y peatones en Panamá.

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Un proyecto de ley en discusión en la Asamblea Nacional propone indemnizar con hasta 10.000 dólares (unos 40 millones de pesos colombianos) a quienes sufran pérdidas o lesiones debido al mal estado de las carreteras.

La iniciativa, presentada por el diputado José Pérez Barboni, busca establecer la responsabilidad civil del Estado o de empresas implicadas por “omisiones” o “negligencias” en el mantenimiento de la infraestructura vial, explica Blu Radio. 

Mientras Colombia enfrenta procesos largos y burocráticos para reclamaciones similares, esta propuesta del vecino país promete un enfoque más ágil, provocando expectativa en la región sobre cómo abordar los daños causados por el deterioro de las vías.

Indemnización por daños en vías: ¿cómo funcionaría?

El proyecto de ley detalla que las indemnizaciones, con un tope de 10.000 dólares, cubrirían daños relacionados con huecos, grietas, baches, hundimientos, alcantarillas sin tapa, cableado expuesto, fallas en el diseño de la infraestructura o falta de señalización e iluminación adecuada.

Estas condiciones, especialmente peligrosas para motociclistas, quienes enfrentan mayor riesgo de accidentes, son comunes en muchas vías urbanas y rurales de Panamá. Sin embargo, el texto exonera al Estado de responsabilidad en casos de fuerza mayor, como desastres naturales o eventos extraordinarios, limitando las compensaciones a fallos atribuibles a la negligencia en el mantenimiento. 

Para garantizar transparencia, el diputado Barboni propone que los daños sean evaluados por al menos tres talleres autorizados, evitando sobrecostos y asegurando objetividad en el proceso, precisa la emisora.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) sería la entidad encargada de gestionar las reclamaciones y emitir los pagos en un plazo máximo de 18 meses, un tiempo menor al de Colombia, donde los procesos de indemnización por daños causados por el Estado pueden extenderse hasta cinco o seis años, con dos o tres años adicionales para recibir el pago, según el artículo 90 de la Constitución.

En Panamá, los afectados deberán presentar pruebas como fotos, videos o testimonios que demuestren la relación entre el daño y el mal estado de la vía. En contraste, en Colombia, los ciudadanos deben pasar por una conciliación previa ante la Procuraduría General y, de no resolverse, acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, un proceso que desanima a muchos por su lentitud.

La propuesta panameña, de aprobarse, podría inspirar reformas en países vecinos, donde los conductores enfrentan problemas similares por el deterioro de las carreteras.