Después de hablar hace unas semanas de la estafa, de la cual, miles de personas fueron objeto con vehículos improductivos, con falsos vínculos laborales y con costos que solo existen en la imaginación de los empresarios, hoy quiero hablar de las otras malas prácticas de estas empresas de servicio especial, donde se lucran a espaldas de los que sí realmente trabajan en pro de llevar un pan a casa y pagar deudas del vehículo.
Las empresas de transporte de servicio especial, por naturaleza, son empresas prestadoras de servicios. Dichos servicios se encaminan a transportar personas por medio de un contrato y una contraprestación económica.
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Debido a la alta oferta impuesta por estos mismos empresarios en el transcurso de los últimos 8 años en Colombia, su objeto social y económico se ha mutado a otras actividades no autorizadas por su habilitación del Ministerio de Transporte.
Estas actividades, descritas a continuación, dan un balance de cómo los empresarios del transporte y representantes legales se lucran de manera indiscriminada:
- Cobran un derecho de afiliación y un cupo, que no, es más que “una capacidad transportadora” de propiedad del Gobierno Nacional (Ministerio de Transporte). Pues este Ministerio es el emisor de dicha capacidad trasportadora.
- Muchas empresas de transporte especial cobran un rodamiento, sin justificar la labor del vehículo dentro de la empresa. Ósea, sin ofrecer o dar un contrato laboral real.
- Al momento de la afiliación y renovación del contrato de vinculación, la empresa de transporte se convierte en comisionista, corredor o agente de seguros, y cobra por su gestión o intermediación. Esta actividad es exclusiva de las Compañías de Seguros, Corredoras de Seguros o Agentes de Seguros y debe ser autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Captan dinero de manera masiva y habitual de sus propietarios. Ya sea por el cupo de afiliación, renovación de contrato o venta de pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual (RCC y RCExC).
- A pesar que sus propietarios pagan el 100 % del valor exigido por sus trámites, estos tienen el descaro de abusar de la buena fe de sus afiliados y financian todo lo que puedan. En especial las pólizas RCC y RCExC ante las Compañías de Seguros.
- Algunas empresas realizan actividades de litografía, donde se falsifican documentos de sus afiliados.
- Hacen alianzas comerciales con concesionarios automotrices para la venta de vehículos dentro del concesionario automotriz, en la empresa de transportes o fuera de estas.
- Se convirtieron en entidades financieras, donde se firman pagares sin justa causa u objetivo real. Dejando a su merced y disposición al propietario del vehículo.
- Representan de manera litigante a propietarios y conductores ante las Entidades de Control y Vigilancia. Por esta actividad se cobra un valor al propietario o conductor según la empresa y a convenir.
- Pagan comisiones a funcionarios públicos, a empresas privadas, colegios y asociaciones (ESAL) por la adjudicación del contrato y sostenimiento del mismo. Estos costos se trasladan al propietario y conductor, en muchos casos superan el 60% del valor real de contrato.
- Se convirtieron en represores y violadores de los derechos de sus afiliados. Si algún propietario o conductor está en desacuerdo o denuncia sus malas prácticas, estos infringen su poder para no adelantar ningún trámite a favor de su afiliado, o retienen documentos propios del vehículo afiliado en cadena de custodia. Dejando sin pan en su mesa a la familia del propietario y sin el poder asumir las cuotas mensuales de su camioneta.
- Firman contratos y convenios de colaboración empresarial de sus propietario y conductores a dedo, y en perjuicio muchas veces de sus afiliados.
- Son administradores de bienes de capital. Ósea, administran por monedas vehículos de sus afiliados, donde muchas veces retrasan sus pagos, o, pero aun no pagan lo convenido.
- En muchos casos, solicitan a sus afiliados el subsidio de operación sin retribución económica convenida a futuro al afiliado. Es decir, vinculan vehículos para sus operaciones de transporte y nunca pagan lo convenido por el contrato.
- Todos los cobros prohibidos por la normatividad vigente son evadidos por los empresarios del transporte especial. Se cobra desde una certificación, hasta una desafiliación o paso del vehículo público a particular.
¿Dónde está el control del Gobierno Nacional y sus entes públicos de control y vigilancia como el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte? ¿Dónde están las acciones administrativas y pecuniarias en contra de estas empresas de transporte especial? Según estas dos carteras gubernamentales, sus derechos como afiliado podrían seguir siendo vulnerados por esta mafia criminal y macabra del transporte especial, pues no hemos visto a la primera compañía o empresa de transportes sancionada o intervenida por los delitos conexos a su actividad, y que no están autorizados por su naturaleza u objeto social por la Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Economía Solidaria, etc.
Señor propietario, si usted considera que sus derechos han sido vulnerados y su dinero desaparecido, lo invito a que inicie los respectivos actos administrativos, penales y civiles en contra de la empresa de transportes. Así el Gobierno Nacional comenzará a poner un alto a esta problemática social.
Por último, lo invito a asociarse y seguir en la lucha de sus derechos como propietario y conductor del servicio público de transporte especial, pues si usted no pelea por usted, sus deudas y su familia , ¿quién lo hará por usted? La pereza, la indiferencia y el desconocimiento son los cómplices de los corruptos.
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