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En la mañana de este miércoles 20 de diciembre, el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, tomó la decisión de imponer medida de aseguramiento intramural en centro carcelario contra Luis Alfredo Polo González, sindicado por el delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años.
Esta decisión fue tomada tras solicitud de la Fiscalía 31 Seccional Caivas (Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual) quien le imputó el delito antes referido, por los hechos acaecidos en el mes de marzo del 2022.
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De acuerdo con el relato del ente acusador, Polo González se habría aprovechado de su posición como entrenador de fútbol para abusar de un menor, que en esa fecha tenía 13 años, en el Parque Rojo del barrio Sicarare.
A pesar de las pruebas presentadas, el acusado no aceptó los cargos, por lo que el proceso judicial continuará.
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Durante la audiencia de imputación de cargos, la fiscal 31 seccional Caivas presentó el testimonio recolectado por parte de las entrevistas forenses que se le realizaron a la víctima directa de este hecho.
Al momento de decretar la decisión de imposición de medida de aseguramiento, el juez encargado del caso manifestó firmemente la necesidad de imponer esta medida, debido a que los menores de edad son sujetos especiales de protección, y que la justicia tiene la obligación de cumplir con los derechos y las garantías de protección para estos.
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“De acuerdo la Corte Suprema de Justicia, los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de especial protección constitucional, por lo que este despacho judicial no puede, bajo ninguna circunstancia, ser omisiva a las órdenes emitidas tanto por el legislador y las honorables cortes, entendiendo que el Estado tiene que garantizar, bajo toda premisa, la protección de los menores de edad”, enfatizó el juez.
Pulzo complementa:
Las denuncias de abuso sexual contribuyen significativamente a la prevención y concientización en la sociedad colombiana. Al poner de manifiesto la realidad de estos crímenes, se desafían los estigmas y mitos que rodean el abuso.
La denuncia pública también educa a la sociedad sobre la importancia de reconocer las señales de abuso y brinda a las comunidades herramientas para prevenir futuros casos.
Al compartir experiencias y exigir responsabilidad, las víctimas y sus defensores contribuyen a crear una cultura que rechaza el abuso y promueve el respeto y la dignidad de cada individuo.
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