Gobierno no tiene plan B si la Corte niega ‘fast-track’ a leyes de la paz

Así lo sostuvo Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, quien dijo a El Tiempo que la situación es frágil y que por eso se requiere celeridad en la expedición de las leyes que normalicen el limbo en el que están más de 7.000 combatientes de esa guerrilla.

Por eso insistió en la urgencia de que la Corte Constitucional apruebe cuanto antes la vía rápida para que el Congreso pueda legislar sobre la paz y avance en temas importantes como la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la ley de amnistía, señaló de la Calle.

Eso sería posible únicamente en el primer semestre del año entrante porque después “todo el mundo se va a hacer campaña”, afirmó Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, al diario El Espectador.

“La bancada de Gobierno sale desbandada  teniendo en cuenta la incertidumbre del próximo jefe de Estado”, apuntó el segundo hombre en importancia tras los acuerdos de La Habana.

Aunque Humberto de la Calle no quiere que se interprete que está ejerciendo presión a los magistrados del alto tribunal, el cerebro de los acuerdos insiste en que hasta los promotores del ‘no’ saben que prolongar en el tiempo la materialización de los acuerdos podría tumbar lo que tanto esfuerzo se consiguió en La Habana.

“Sería una tragedia para Colombia que, teniendo en la puerta del horno un acuerdo, se retrotrajera y recomenzara la oleada de violencia que hemos padecido durante más de medio siglo”, agregó.

En el mismo sentido opinó Jaramillo quien precisó que “se corren enormes riesgos de que el proceso se nos vaya como agua por entre las manos”.

De la Calle, que estuvo los 4 años de negociación al frente de la construcción de un acuerdo que acabara con el conflicto, y los 40 días posteriores al referendo en la incorporación de las 500 propuestas del ‘no’, cree que el texto final es “solvente”.

Y señaló que lo importante es que a los opositores del ‘no’ les queden claras las incorporaciones hechas al nuevo acuerdo. De ahí en adelante, según dijo, la tarea corresponde a los que estructurarán las 50 normas para la implementación, entre ellas, la elegibilidad política así el guerrillero haya sido condenado por delitos graves.

“Lo que se dijo en el numeral 36 de la JEP es que la imposición de las sanciones por sí misma no inhabilita, y eso no ha sido modificado”, admitió el jefe negociador a la periodista Marisol Gómez.