Aunque la juez segunda civil de Buga (Valle del Cauca), Norella Acosta Tenorio, ya había sido capturada en junio de este año por delitos de “prevaricato y concusión”, según la Fiscalía, otro juez la dejó libre por considerar que no era un peligro para la sociedad.

Pero este viernes se conoció una nueva orden de captura en su contra. Sin embargo, informa Blu Radio, cuando agentes del CTI llegaron a su residencia se sorprendieron al ver que Acosta Tenorio ya no estaba y la declararon persona prófuga de la justicia.

Ahora, las autoridades le siguen el rastro a la funcionaria que está involucrada en aparentes irregularidades durante la expropiación de un parador turístico en Buga, predio necesario para el trazado de una carretera y por el que la juez ordenó pagar unos 17.000 millones de pesos, cuando en realidad no costaba más de 2.000 millones  de pesos, destaca El País de Cali.

A día de hoy, con intereses y otros trámites, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), antiguo INCO, debía pagar un valor cercano a los 40.000 millones de pesos.

Pero la mujer no actuó sola en este millonario desfalco, ya que según la Fiscalía la juez se asoció con uno de los hijos del propietario del predio para concretar el ilícito.

“En este asunto se ve cómo un civil, y una funcionaria judicial que tenía competencia para resolver el proceso de expropiación, llegan a un acuerdo para hacer un convenio a todas luces ilegal, como quedó registrado en varios audios de llamadas intervenidas legalmente. Es evidente que hubo una alianza entre la juez y el señor Grajales”, señaló en su momento el fiscal del caso, citado por el medio regional.

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