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En respuesta a las múltiples voces que han expresado sus inquietudes y sugerencias en todo el país durante la última semana, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha decidido extender el período de consulta para el proyecto de decreto destinado a agilizar los procesos agrarios en Colombia. Además, la ministra Jhenifer Mojica ha revelado que se pondrá en marcha un amplio proceso participativo, con el respaldo del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana.
“Queremos construir esta norma escuchando todas las voces, todos los actores, con un proceso participativo lo más amplio posible; por eso, con el apoyo del Observatorio de Tierras iniciaremos una programación de foros, discusiones académicas y técnicas que deberán llevar a la concertación de esta norma”, afirmó la Ministra.
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Este proceso de diálogo involucrará a diversos centros de investigación, universidades, organizaciones sociales, instituciones y sectores de la sociedad civil, quienes debatirán en torno a los diferentes aspectos que regula el proyecto de decreto.
El proyecto de decreto seguirá disponible en el sitio web y las redes sociales del Ministerio para recibir comentarios hasta el próximo 10 de septiembre.
¿Qué busca el proyecto de decreto?
El proyecto de decreto reglamenta el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, con la intención de agilizar los procedimientos agrarios y resolver casos que llevan años estancados.
Entre las innovaciones que introduce esta normativa, el Ministerio incorpora nuevas tecnologías de la información y comunicación para acelerar los procesos. “En virtud del principio de eficacia (…) en los procedimientos administrativos agrarios se aplicarán preferentemente mecanismos indirectos y tecnologías de la información y comunicaciones que permitan avanzar más eficazmente”.
Hasta antes de 2017, los procesos podían ser concluidos por la autoridad agraria sin necesidad de presentarse ante un juez. Sin embargo, se introdujo una etapa judicial, en principio para brindar mayores garantías, pero que en la práctica alargó los procesos. Con esta nueva normativa, la Agencia Nacional de Tierras será la encargada de finalizar los casos. No obstante, contra la decisión de la entidad proceden el recurso de reposición y en subsidio de apelación, así como una acción de nulidad agraria.
Además, el decreto detalla las causales de extinción de dominio que se establecieron en la Ley 160 de 1994. Esto se hace con el fin de evitar interpretaciones amplias y permitir una comprensión más precisa por parte de quienes toman decisiones en los casos. Esto a su vez contribuirá a que las oposiciones también sean más claras.
“Este decreto reglamenta los procesos agrarios bajo la competencia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con la intención de unificar una dispersión normativa existente y establecer mecanismos más ágiles y eficientes que contribuyan a cumplir la meta de 500.000 hectáreas por año durante los tres años restantes de este gobierno, en camino a alcanzar la meta de 1.500.000 hectáreas como parte de la reforma agraria”, declaró la Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.
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La funcionaria también precisó que “no se trata de facultades expropiatorias ni de una expropiación exprés, sino de facultades administrativas de la ANT en relación con el objetivo constitucional de garantizar que la propiedad cumpla una función social y ecológica”.
En Colombia se han aplicado medidas de extinción de dominio a más de 4.7 millones de hectáreas de tierras, sin embargo, ninguno de los propietarios tuvo la oportunidad de escoger vender sus propiedades. Con esta alternativa de terminación anticipada del proceso, se espera acelerar los casos y brindar a los propietarios de tierras inutilizadas una nueva opción para resolver su situación.
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