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La Defensoría del Pueblo alertó este viernes que al menos 50 comunidades del Medio San Juan (Chocó) estuvieron en riesgo de confinamiento y desplazamiento, sumado a restricciones de movilidad, por cuenta de enfrentamientos entre el Eln y el ‘Clan del Golfo’.
Según el organismo, que aseguró los afectados eran especialmente indígenas y afros, desde el pasado 14 de agosto se registran enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales, que se disputan el control territorial y social del municipio y su vasta zona rural.
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Inclusive, pese a estar en un cese al fuego bilateral con el Gobierno de Gustavo Petro, la Defensoría denunció que el Eln decretó un paro durante 24 horas (el sexto en lo que va corrido del 2023), por lo que entre el 16 y este 17 del mismo mes hubo restricción de la movilidad en el río San Juan.
“Esto originó que las comunidades no pudieran ingresar a sus parcelas, la afectación en la atención médica y la imposibilidad del tránsito de alimentos y de los habitantes”, reclamó la Defensoría que le solicitó al Gobierno, particularmente al comisionado de Paz Danilo Rueda, hacer inmediata presencia en el lugar para que las comunidades sean atendidas y sus derechos sean garantizados.
Por otro lado, el organismo pidió a los grupos armados ilegales que respeten los derechos humanos y el derecho Internacional Humanitario, de cara a garantizar la vida e integridad de la población civil. Además, aseguró que “por ninguna razón”, se les debe restringir la movilidad a las comunidades.
“Un equipo de profesionales de la Defensoría del Pueblo continúa en terreno haciéndole seguimiento a la situación vulneratoria de los derechos humanos. En el marco de esos recorridos solicita que sea atendido un brote de malaria, el cual está afectando a las comunidades de Sipí, como también que haya abastecimiento de medicinas”, agregó la entidad.
Según la Defensoría, en 27 de los 31 municipios del Chocó se han emitido Alertas Tempranas por acciones armadas que ocurrieron entre el 2018 y 2023.
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Los documentos de advertencia tienen como fin proteger a los habitantes de Río Iró, Unguía, Juradó, Bagadó, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Nuquí, Bahía Solano, Sipí, San José del Palmar, Nóvita, Condoto, Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Cértegui, Riosucio, El Carmen del Darién, Tadó, Acandí, Lloró, Río Quito, El Cantón del San Pablo y Quibdó.
“La disputa territorial entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) ha generado desplazamientos y confinamientos masivos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, extorsiones, problemas medioambientales (minería ilegal y aprovechamiento indiscriminado forestal), mandatarios locales despachando desde otras jurisdicciones por cuenta de las amenazas, entre otras vulneraciones a los derechos humanos”, precisó la entidad.
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