La magistrada Lucy Bermúdez es la encargada de analizar una demanda que busca invalidar el resultado del plebiscito del 2 de octubre, y que fue aceptada por el Consejo de Estado.

“Los demandantes aseguran que hubo violencia psicológica contra los electores, en el sentido de que se tergiversaron los contenidos de los acuerdos de paz, además de emitirse información falsa”, explicó Bermúdez a Noticias Uno.

Pero apenas unas horas después de su pronunciamiento, se empezaron a conocer unos millonarios contratos que tiene su esposo, el abogado Carlos Augusto Gálvez Argote, con Ecopetrol y el Incoder, indica Noticias RCN.

Según el informe del noticiero, existe un contrato por 125 millones de pesos para “asesorar a Ecopetrol en el caso Petrotiger”, uno por 160 millones de pesos “que tiene el mismo objeto” y un tercer contrato por 31 millones de pesos con el Incoder.

A la par, ese medio revela un cuarto contrato con el Incoder por 21 millones de pesos, pero a nombre de una hija de la magistrada.

Además, en un boletín de prensa del Senado de la República se lee que Carlos Augusto Gálvez Argote fue seleccionado, en abril de este año, para integrar una “comisión de juristas de alto nivel” que analizará una reforma para ponerle freno a los falsos testigos en los procesos judiciales.

Por eso, el expresidente Álvaro Uribe le salió al paso a la denuncia y manifestó que el hecho de que la familia de la magistrada “tenga unos contratos con el Gobierno que apoyó el ‘Sí’, crea un conflicto de intereses” a la hora de estudiar la demanda contra el plebiscito, según informe de Red Más Noticias.

Por su parte, la magistrada se defiende y argumenta que “las actividades profesionales de su esposo son de índole académico”, destaca ese medio.

Así las cosas, y como Uribe dice que la magistrada está “abusando de su función pública”, es evidente que queda al descubierto el ‘talón de aquiles’ de la magistrada que podría tumbar los resultados del plebiscito si se comprueba el denunciado engaño al elector.

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