El curioso caso que estuvo a su cargo este tribunal se originó en una denuncia de una funcionaria de un juzgado de Risaralda contra su jefe, un juez, a quien acusó de someterla a acoso laboral, señala La F.m.

De acuerdo con esta versión, el juez Marín Arredondo fue destituido y sancionado con una inhabilidad de 10 años porque habría acosado a su subalterna con exigencias sobre el uso de una correcta ortografía en los documentos a su cargo.

La sanción fue revisada por la Sala Jurisdiccional de este tribunal que exoneró al juez, declaró que no incurrió en ninguna ilegalidad y que sus reclamos contra la funcionaria eran justificados.

Y es que los errores de la funcionaria clamaban a la justicia, terrena o cósmica de haber sido necesario, según se advierte en los facsímiles de sus documentos.

Lo que se evidencia es que el inculpado en ejercicio de sus facultades tomó las medidas que consideró necesarias para poder realizar un buen trabajo y prestar un buen servicio”. 

señala la sentencia, que agrega en otro aparte:

Si bien en un principio realizó a la quejosa una prueba de desempeño que no era necesaria porque se trataba de una empleada en provisionalidad, no es por esa calificación que fue motivado el acto administrativo de insubsistencia, sino como la misma quejosa lo indica, fue producto de las llamadas de atención, memorandos con copia a la hoja de vida por cerrar el juzgado antes de tiempo, evidencias fotográficas de su trabajo (manejo del archivo) y la evaluación ortográfica y gramatical la que llevó al Juez a declararla insubsistente”,

concluyó el Consejo Superior de la Judicatura.

El magistrado de la corporación, Ovidio Claros, explicó que los errores en los documentos judiciales hubieran podido afectar los procesos judiciales, señala por su parte El Espectador.

Usted puede cambiar en la redacción de una sentencia cualquier sentido de la misma. Yo puedo entender una cosa cuando el sentido de lo que quiere decir el juez es otra”,

dijo Claros.

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