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Una vez más el controvertido Juan Fernando Petro vuelve a estar en los reflectores de la opinión pública. En medio de la controversia por su expulsión de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos –con todo y que argumentó que él mismo renunció–, ahora se conoció que, como integrante de ese organismo, el hermano del presidente Gustavo Petro estaría implicado en una supuesta estafa.
El caso está relacionado con los militares colombianos que permanecen recluidos en Haití por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y cuyos familiares habrían contratado a la Comisión en búsqueda de un acercamiento humanitario con las autoridades de la isla.
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EL COLOMBIANO, aliado de Pulzo, conoció detalles de la historia que terminó en un documento que, prometieron, iba a ser enviado al exprimer ministro de Haití, Ariel Henry. Las familias de los detenidos denuncian que pagaron 6 millones de pesos a la Comisión en búsqueda de los acercamientos, pero fueron estafadas, según dicen. El nombre de Juan Fernando Petro aparece mencionado allí como “Alto comisionado de paz” de Colombia.
El documento supuestamente enviado al exprimer ministro está fechado el 29 de agosto de 2023 en español, a pesar de que no es el idioma oficial de la isla. Allí se prometen cosas que parecen imposibles. “La conformación de cuerpos de paz de esta entidad en la República de Haití, con militares activos de los gobiernos sudamericanos donde esta entidad tiene sede con la finalidad de formar e instruir a los militares y policías de su Estado y disminuir los índices de violencia que actualmente tiene su nación”.
Luego, le solicitan a Henry tratar el tema de “los colombianos involucrados en el vil asesinato del señor primer ministro Jovenel Moïse”, a partir del envío de una comisión a la isla que sería encabezada por Juan Fernando Petro. Al lado del nombre de Petro aparece el cargo de “alto comisionado de paz” y también figura Rodrigo Ricaurte como director general de la Comisión para América Latina y el Caribe.
Ricaurte salió a la palestra pública colombiana esta semana luego de que en varios medios de comunicación reclamó que el hermano del presidente Gustavo Petro fue expulsado de su labor como “comisionado de paz” debido a que su trabajo “en temas de paz es nulo” y “se dedicó a otras actividades que causaron escándalos”.
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En respuesta, Juan Fernando Petro advirtió que su nombre fue usado y que la Comisión buscaba en realidad “hacer negocios en Colombia para sacar a través de esos procesos usufructo económico”.
Retomando la historia de la estafa, se evidencia que el viaje de la delegación de la Comisión a la isla no existió, pero las familias de los colombianos hicieron pagos. Lo anterior, pese a que, se supone, es una ONG sin ánimo de lucro. Este periódico conoció las copias de las consignaciones hechas desde Colombia y un chat en el que Ricaurte se burla de una de las personas que hizo el pago y le reclama haber desaparecido luego de la consignación.
“Yo estoy sorprendido de su proceder. También puedo hacer videos sensacionalistas gritando ‘los van a matar’ y así justificar acciones. Nosotros somos más ejecutivos”, contestó Ricaurte en el chat ante la molestia de la persona que hizo el pago.
EL COLOMBIANO se contactó con el director de la supuesta Comisión y le envió un cuestionario sobre esta transacción y la gestión de la ONG con las familias de los colombianos en Haití. Dijo que contestaría con evidencia, pero hasta el cierre de esta edición no hizo llegar las respuestas.
Juan Fernando Petro, también contactado para esta historia, aseguró que no conocía el documento creado para enviarle a Ariel Henry. Ratificó que nunca ha estado en Haití e insistió en que no sabía que su nombre se estaba usando para esa actividad. “No tenía idea de que me nombraban en eso. Nunca he ido a Haití, he estado en República Dominicana. ¿Cómo voy a saber que esta persona va allá, hace vínculos y utiliza mi nombre?”, señaló.
“Ese es el problema. Uno conoce una persona, después esa persona se toma fotos, se relaciona de alguna manera con uno y después va a otros lugares y hace ese tipo de cosas”, agregó Petro.
Lo cierto es que el hermano del presidente sí trabajó con la ONG, de la que parece aún hoy tener poca información. Otro documento que encontró este diario demuestra que la Secretaría de Derechos Humanos de Ecuador no tenía registros sobre la inscripción del señor Ricaurte como director de la Comisión para septiembre de 2021, a pesar de que la entidad ya estaba en funcionamiento, incluso en Colombia, desde 2019.
Otro de los asuntos intrigantes de las promesas a las familias en Haití, es que la información referida del documento es exactamente la misma publicada en la página web de manera somera como si se tratara de datos copiados y pegados de forma sistemática.
La supuesta delegación que iba a viajar a Puerto Príncipe estaba conformada por Juan Fernando Petro, alto comisionado de paz; Beth Level, coordinadora del cuerpo de paz; Juan José Palacios, director internacional; Rodrigo Ricaurte, director general para América Latina y el Caribe, Sandra Macollins, directora ejecutiva; y Natally Bory, asistente de la dirección General. El documento de dos páginas parece espurio, pero la pelea entre Juan Fernando Petro y Ricaurte podría llevar a conocer más detalles sobre las visitas del hermano del presidente en las cárceles
En cualquier caso, las familias de los militares acusados de un magnicidio que pagaron 6 millones de pesos a la Comisión en la que trabajaba Juan Fernando Petro fueron estafadas, y continúan esperando el viaje de una delegación de seis personas para interceder por los colombianos, algo que ni siquiera ha logrado la Cancillería luego de tres años del magnicidio a Moïse.
Los 17 hombres fueron sacados de la cárcel de Puerto Príncipe y llevados a un centro de detención de la policía, luego de que la isla fue tomada por las pandillas que lograron la dimisión del primer ministro. Han pasado 28 días sin que se sepa nada de su estado.
La página web de la Comisión aún está en construcción; sin embargo, varios hechos corroboran las dudas alrededor de su labor humanitaria y desinteresada. El botón de inicio despliega cuatro subventanas con títulos que parecen tener coherencia con los derechos humanos, pero están en blanco.
“La defensa de los derechos de los migrantes” es un subtítulo de la sección que tiene como portada una imagen de patos. En el botón de “El derecho a la libertad de expresión” aparece una fotografía aleatoria de lo que parece una fábrica, y en el subtítulo de “La lucha contra la discriminación racial” se muestra una fotografía de una bandera de “Black Lives Matter”.
Más adelante, se encuentra el botón de “¿Quiénes somos?” y las dudas aumentan. “La Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos cónsules de paz mundial. Organización jurídicamente reconocida y registrada por el Estado ecuatoriano, mediante registro oficial NO. 227, de fecha 23 de abril de 2018, organización de derecho privado, con ámbito nacional e internacional y cuyos objetivos son brindar acompañamiento y asesoramiento legal en la promoción, protección y reivindicación de los Derechos Humanos”, dice la página web.
Si bien dicen que están constituidos en Ecuador, sobre su presencia en Colombia explican que son una entidad sin ánimo de lucro, con carácter privado y establecida por documento privado del 31 de octubre de 2019 en la Cámara de Comercio de Bogotá.
Finalmente, en el botón de contáctenos y donaciones aparece el borrador de una página web no terminada en donde se ve un supuesto equipo de una empresa de arquitectura con perfiles sacados de internet, que no corresponden a la Comisión. En ninguna parte señalan quién es el director o quién financia la organización.
Una de las aristas más graves en medio de toda esta novela es que, bajo un modus operandi parecido a lo ocurrido con las familias de los presos en Haití, Ricaurte acusa a Juan Fernando Petro de haber recibido 6.500 millones de pesos tras sus visitas a La Picota.
Como se recordará, el hermano del presidente estuvo visitando la cárcel junto a Danilo Rueda, como parte de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Rueda fue nombrado después como alto comisionado de paz del Gobierno, cargo en el que duró poco más de un año.
La visita fue duramente cuestionada porque Petro y Rueda se reunieron con narcotraficantes y exparamilitares como Álvaro ‘El gordo’ García, senador en la década del 2000 que fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo en Carmen de Bolívar. Se dijo que las visitas a La Picota habrían tenido la intención de convencer a varios internos de alto perfil para apoyar la campaña del presidente, y explicar lo que sería después la política de sometimiento y de “paz total”. El hermano del presidente negó esto y dijo que las visitas eran humanitarias.
Ricaurte insiste en que dará detalles en una rueda de prensa desde Miami de cómo supuestamente tres extraditables les habrían entregado esa millonaria suma a Juan Fernando Petro y a otros abogados para evitar que fueran enviados a cárceles en Estados Unidos.
De esas visitas todavía hay muchas preguntas no resueltas, entre ellas, por qué Rueda terminó siendo nombrado como el tomador de decisiones más importante frente a los diálogos con los grupos armados y las bandas criminales, sobre las que podrían tener influencia las personas condenadas que visitaron.
Lo cierto es que, pasado dos años de esas visitas, el Gobierno ni siquiera ha logrado aprobar en el Congreso la ley de sometimiento, mientras que la paz total parece no tener resultados medibles. Por el contrario, tal como lo aceptó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en una rueda de prensa hace dos semanas todos los grupos armados han crecido en esta administración.
Por su parte, la Fiscalía todavía tiene abierta una investigación contra Juan Fernando Petro por sus visitas a la cárcel. El proceso lleva más de un año y no ha llegado a ninguna conclusión. Hace algunos meses Petro también estuvo en la mitad de un escándalo por una entrevista que le dio a Los Informantes de Caracol Televisión, en la que aseguró que en esas visitas habían conseguido votos para su hermano.
“Nosotros vimos que entre el Norte de Santander, el Urabá antioqueño, y el Magdalena medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Si te das cuenta, con ese millón y medio de votos fue que ganó. Nosotros estuvimos en las cárceles y entendieron, allá no fuimos a negociar nada”, le dijo a la periodista María del Rosario Arrázola. Luego se retractó señalando que ni él ni Danilo Rueda habían visitado La Picota para negociar ningún tipo de condiciones con los internos a cambio de votos.
Juan Fernando Petro y las controversias
Juan Fernando Petro le ha causado varios dolores de cabeza al primer mandatario, incluso desde antes de que este llegara al poder. En audios que fueron filtrados le decía a una persona que él tenía el poder del alto comisionado de paz. Además, estuvo visitando varios condenados en la cárcel La Picota en plena campaña de la mano de Danilo Rueda. Luego, dijo que habían conseguido alrededor de millón y medio de votos por las visitas en las cárceles. Inclusive, llegó a decir que su hermano había sido diagnosticado con el síndrome de Asperger y tuvo que corregir días después. Petro se quejó porque la Unidad Nacional de Protección no le asignó un esquema de seguridad en su momento.
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