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El acuerdo alcanzado en Estados Unidos, entre el Departamento de Justicia gringo, el regulador de la bolsa y Grupo Aval, luego de que este último reconociera su responsabilidad en el entramado corrupto que llevó a la adjudicación de la Ruta de Sol 2, —en asocio con Odebrecht—, podría ser la estocada final a las concesiones de Corficolombiana.
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El Gobierno Nacional le pedirá a Estados Unidos las decisiones y los expedientes de lo actuado en el proceso en contra de Aval y de Corficolombiana para establecer si hay inhabilidades sobrevinientes que obliguen a la devolución de las concesiones viales que ejecuta el conglomerado en Colombia.
Desde el 15 de agosto el presidente Gustavo Petro encargó de ello al canciller Álvaro Leyva: “He ordenado a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EE. UU. y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al estado Colombiano”, y agregó que todos los contratos con Corficolombiana deberían ser revisados, especialmente el de estabilidad jurídica del contrato de la Ruta del Sol 2 que fue firmado bajo la asesoría de Néstor Humberto Martínez.
Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Jurídica del Estado, precisó que “dada la gravedad de las conductas y la afectación económica al país, se hace la solicitud formal, a través de los canales diplomáticos, para iniciar el trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades”.
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Cuando los expedientes estén en el país, Zamora oficiará a la Superintendencia de Sociedades para que decida si se puede aplicar un procedimiento sancionatorio que llevaría a la suspensión permanente de los contratos de estas empresas con el Estado.
Esto contrasta con lo dicho este martes por Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, quien insistió que con el cierre de estas investigaciones en Estados Unidos también se “cierra un doloroso capítulo para Grupo Aval”. Y aclaró que “el DOJ y la SEC no continuarán con alegatos de corrupción de cualquier oficial, director o accionista de Grupo Aval ni de Corficolombiana”, y fue enfático en que la acusación es puntual contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, quien ya está condenado por estos hechos.
Se trata de al menos ocho concesiones viales que están en manos de Corficolombiana, algunas de ellas con contratos hasta 2043.
En total, dicha empresa administra 668 kilómetros de vías, 257,8 kilómetros de ellas en doble calzada, que incluyen 493 puentes y 38 túneles. Además, Corficolombiana está encargada de las concesiones aeroportuarias en Cali y Cartagena, y participa en los consorcios encargados de la construcción de 138 kms de vías de cuarta generación.
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En el caso de Antioquia, por ejemplo, se podría ver afectada con estas medidas la concesión Pacífico 1, que une a Ancón Sur (Sabaneta) con Bolombolo (Venecia).
La directora Zamora entiende que, al ser sancionadas, estas compañías estarían inhabilitadas de manera permanente para contratar con el Estado. “Es una inhabilidad permanente, recordemos cómo en la comunidad internacional, especialmente el soborno transnacional y los actos de corrupción tienen sanciones muy fuertes e inhabilidades permanentes”.
Sobornos por los que responde
Es de recordar que de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “entre 2012 y 2015, Corficolombiana se unió en una asociación delictuosa para ofrecer y pagar más de $ 23 millones de dólares estadounidenses en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano con el fin de obtener un contrato para construir y operar una autopista de peaje”.
Por reconocer su responsabilidad y acordar anticipadamente con la justicia, Corficolombiana y Grupo Aval se evitaron un largo proceso penal y otro civil que corría en la SEC, que es la comisión de la bolsa de Estados Unidos. Para ello acordaron pagar una multa de 80 millones de dólares, de los cuales se les descontaron las sanciones que ya habían pagado en Colombia.
Es por eso que Zamora defiende que “Colombia tiene una legislación muy importante para el seguimiento de este tipo de decisiones proferidas en el exterior. Y es una función de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por disposición del Decreto 1358 de 2020, solicitar la inhabilidad sobreviniente que pueda llevar a terminar los contratos de esas empresas con el Estado por corrupción”.
Zamora también reiteró que la legislación interna permite que toda prueba judicial que proviene de autoridades extranjeras puedan ser consideradas como tales por la justicia del país.
“Toda nuestra legislación trae artículos especiales en las cuales se consagra la validez de una prueba proveniente del exterior. Si bien la Fiscalía tiene toda la competencia para realizar el intercambio probatorio, en materia administrativa nuestra legislación también”, puntualizó.
Es de esperarse que en próximos meses el Gobierno revoque los contratos, si es que puede comprobar que las multas en EE. UU. son sanciones en sentido condenatorio, algo que Corficolombiana ha querido negar.
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